Once efectivos de la Policía de Santa Fe fueron imputados por la Justicia de Rosario tras las protestas salariales realizadas por más de 36 horas. La resolución, que lleva la firma de los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina de la Unidad de Corrupción Funcional.

A los oficiales se los acusa formalmente por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", en el marco de una investigación que busca deslindar responsabilidades por el abandono del servicio de seguridad.

Los policías fueron notificados de la formación de la causa a través de una audiencia virtual, aunque por el momento transitarán el proceso judicial en libertad. 

Esta medida implica que los uniformados deben entregar su arma reglamentaria y su placa mientras se resuelve su situación administrativa y judicial.  

El conflicto se originó el pasado lunes por la noche, cuando un sector de la fuerza comenzó un reclamo frente a la Jefatura Regional II de Rosario. Lo que empezó como un pedido de mejoras en las condiciones laborales escaló con quemas de neumáticos y un ruidoso "sirenazo" que se extendió hasta el miércoles.

Nahir Moreno, abogada defensora de los policías involucrados, explicó que la situación de sus clientes es compleja debido a la doble vía de sanción. 

Según detalló, aunque se lograra revertir el pase a disponibilidad para que vuelvan a trabajar, el sumario administrativo interno continúa vigente. Esta mancha en el legajo no solo les impide ascender en la jerarquía policial, sino que además mantiene latente el riesgo de una futura exoneración de la fuerza si la causa penal prospera.

La defensa sostiene que el proceso administrativo acarrea una sanción disciplinaria que marca de forma definitiva la carrera de los oficiales. Además, advirtió que cualquier avance significativo en la imputación de los fiscales Socca y Caterina podría derivar automáticamente en que los agentes sean nuevamente apartados de sus puestos, independientemente de los acuerdos salariales alcanzados entre las partes durante la negociación.

El conflicto en las calles logró destrabarse mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El mandatario provincial anunció un aumento generalizado para todo el personal policial y del Servicio Penitenciario. Ninguno va a percibir menos de 1.350.000 pesos.  Incluye tanto al personal operativo como al técnico y administrativo del sistema de emergencias 911.

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