Un total de 54 agentes que cumplen funciones laborales dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron acusados de torturar a presos de la cárcel de Ezeiza, durante una jornada de reclamos de los reclusos con fecha de junio de 2019, siendo que los efectivos actuaron disipando la protesta.

La decisión fue ordenada por el juez subrogante Luis Armella, en concordancia con el pedido explícito de la fiscal federal Cecilia Incardona. En ese sentido, se dio el visto bueno para investigar a agentes que se desempeñaban en distintas áreas, a jefes y a todo el personal de turno de la Unidad Residencial III.

En ese contexto, los acusados forman parte del procesamiento enmarcado en el delito de torturas en perjuicio de los internos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, junto con el jefe de ese momento tras actuar en "omisión de impedirlas".

 

 

Sumado al debido proceso, los acusados serán embargados de sus bienes entre 10 y 15 millones de pesos, en función de los cargos de cada acusado, quienes presuntamente actuaron de forma ilegal y continuamente entre el 9 y el 13 de junio de 2019.

 

En concreto, los participantes del delitos serían agentes que forman parte del cuerpo de requisa, médicos de guardia, bomberos del Grupo de Operaciones Anti Siniestros (GOAS), integrantes del Grupo de Resolución de Incidentes (GERI); celadores del pabellón B, sumado a la totalidad del personal de turno de la Unidad Residencial III.

En la investigación colaboraron la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

 

 

 

 

Procesan a 54 agentes penitenciarios: ¿Qué sucedió con los internos?

 

 

Los reclusos formaron parte de un día de protesta en el interior del pabellón B, cuando el Ministerio Público Fiscal acusó a los agentes de intervenir disipando la situación con "un uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza".

Según comunicaron desde el organismo estatal, los agentes penitenciarios "dispararon en numerosas oportunidades, con postas de goma, en forma directa al cuerpo de las personas privadas de la libertad, a quienes también rociaron con gas pimienta en sus rostros y sometieron a golpes cuando ya habían sido reducidos y no oponían resistencia".

En ese sentido, detallaron que durante el conflicto "los médicos omitieron asistir a los lesionados a quienes expusieron sin causa justificada a los efectos del humo y el gas lacrimógeno dispensado por los agentes penitenciarios".

 

 

Por tal comportamiento, los efectivos determinaron que en el periodo del 9 y el 13 de junio "no se les brindó comida" a los reclusos, “ni tampoco se los dejó utilizar baños, duchas y luz artificial", sin su "debida atención médica".

Tras conocerse el hecho, el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias constataron de las condiciones en el que se encontraban los reclusos, por lo que "las autoridades penitenciarias falsearon las actuaciones administrativas y el sumario de prevención, a fin de ocultar su ilícito accionar".

La fiscalía federal secuestró las filmaciones de las cámaras de seguridad y documentación de interés para continuar con la investigación, en concordancia con las declaraciones de las víctimas.

Por ende, se interpuso una acción de habeas corpus en el que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata consideró que los hechos constituían un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.