La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS), un paso trascendental que otorga a CABA su propia fuerza de seguridad especializada para el sistema carcelario. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, se aprobó en la sesión del jueves, obteniendo 54 votos a favor y solo tres negativos.

La creación del SPRS se complementa con la sanción de la Ley de Ejecución de la Pena, que también fue aprobada con 55 votos a favor y tuvo tres negativos. Ambas normas son cruciales, ya que permiten a la Ciudad disponer de un sistema carcelario propio y especializado.

El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, logró cerrar un debate de cinco meses. El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró el hecho y sostuvo que es un paso “histórico” que permite a la Ciudad asumir una competencia que impacta directamente en la vida de los vecinos.

“Es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario, un gran paso para nuestro plan integral de seguridad y un hito para la autonomía porteña”, afirmó Macri. Y agregó que “cada competencia que asumimos tiene un impacto directo en la vida de los 3 millones de vecinos y de todas las personas que recorren o visitan todos los días la Ciudad”.

El SPRS será un organismo que dependerá de la Jefatura de Gobierno a través del Ministerio de Justicia porteño. Su actividad, además, será considerada por ley como un servicio esencial del Estado.

La conducción del organismo estará conformada por un director general y un subdirector general, además de autoridades específicas como el director de Seguridad Penitenciaria, el director de Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida, y el director de Recursos Humanos y Bienestar Laboral.

El ministro de Justicia, Gabino Tapia, destacó el rol de la nueva institución en la consolidación del sistema de seguridad pública de CABA. “Con la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad estamos dando un paso muy importante en la consolidación institucional de la Ciudad. Es un logro que se merecen todos los porteños”, expresó Tapia. Además, agregó que esto les permite “reforzar nuestro Sistema Integral de Seguridad Pública”.

La nueva estructura contempla dos cuerpos de trabajo  por un lado los agentes de Seguridad Penitenciaria, se trata de una fuerza civil, armada y jerarquizada. Serán los responsables exclusivos de la seguridad, la custodia, los traslados de detenidos y el uso de la fuerza. Su misión principal es generar un "entorno seguro necesario para el desarrollo de los programas de reintegración social", según establece la ley. El Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) se encargará de la formación inicial y la capacitación permanente de estos efectivos.

Y por otro el Cuerpo de Profesionales Civiles, integrado por psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Este equipo tendrá a su cargo el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de un “Plan de Vida” individual para cada persona condenada. El objetivo central es favorecer la reintegración no conflictiva a la sociedad al finalizar la pena, mediante capacitaciones laborales, logrando así reducir las tasas de reincidencia.

La problemática de la sobrepoblación de unos 2.000 detenidos en comisarías porteñas, muchos de ellos por delitos federales, generó varias fugas.

Para descomprimir esta situación, la Ciudad avanza en la construcción de un pabellón en el penal de Marcos Paz. Esta ley le da un nuevo impulso al proyecto de cierre definitivo de la cárcel de Devoto, una asignatura pendiente.