Una nueva denuncia contra el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich trascendió este viernes. Se trata del llamativo manejo de fondos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), órgano que en el gobierno anterior presidía Carlos Pérez, que podría constituir un caso de desvío de recursos para fines que no correspondían.

Dietrich ordenó gastar el equivalente a 50 millones de pesos del presupuesto de la ANSV para que automóviles de esa dependencia escoltaran el traslado de turbinas y aerogeneradores que empresas como Román y Coamtra -presuntamente vinculadas a familiares y amigos del ex presidente Mauricio Macritrasladaron por cuenta y orden de contratistas de energía eólica como Vestas, General Electric y Envision Energy.

Además, se trata de dinero que dejó de utilizarse para campañas de seguridad vial, que es el objetivo de esa repartición. El monto destinado representó el 70% del presupuesto operativo de la ANSV, por 955 viajes que se realizaban a distintas provincias del país a 20 kilómetros por hora, dado el gran tamaño y peso de las piezas que se trasladaban en voluminosos camiones.

Esto asimismo encareció el mantenimiento de los autos, que no están preparados para circular a una velocidad tan lenta. Ante la sospecha de que hubo irregularidades en estas decisiones de Dietrich se radicó una denuncia penal.

Se suma a otras que ya pesan sobre el ex funcionario. Una de ellas investiga posible lavado de dinero a través del alquiler de remises y autos por un monto de 5,7 millones de dólares, con pagos que se depositaban en bancos de América, Asia y Europa para luego entrar en una cuenta de la empresa Movilaut en la Argentina.

Otra denuncia que viene de hace unos años es la vinculada con la habilitación del aeropuerto de El Palomar, realizada sin todos los requisitos que implicaban la conversión de una aeroestación militar casi en desuso en una comercial ubicada en una zona urbanizada.

La precariedad y celeridad con las que se dio luz verde al funcionamiento de ese aeropuerto -pese a varias presentaciones judiciales de vecinos de la zona- se relaciona inevitablemente con el inicio de las operaciones de dos empresas “low cost”, FlyBondi y JetSmart, a las que se ha acusado judicialmente de haber incentivado con coimas a funcionarios del gobierno anterior tanto para la habilitación de El Palomar como para el otorgamiento de decenas de rutas aerocomerciales cuando no acreditaban capital ni flota de aeronaves que justificaran esas concesiones.

Acá los detalles de la denuncia en Crónica HD

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