El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, aseguró que el gobierno "hará todo lo que tenga que hacer para defender al Estado y al patrimonio de los argentinos" en relación a la decisión oficial de impulsar el quite de la concesión a las empresas que explotan los accesos Norte y Oeste. También opinó que los contratos firmados por la administración de Mauricio Macri en 2018 son “una verdadera estafa” porque su contenido los vuelve "absolutamente distorsivos y lesivos al interés general".

Con esos conceptos Katopodis se refirió a la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández, que tiene como finalidad anular esos contratos y retirar la concesión a las empresas Autopistas del Sol, concesionaria del Acceso Norte (en sus ramales a Tigre y a Pilar), y GCO (Grupo Concesionario del Oeste), que explota el Acceso Oeste que conecta Buenos Aires con Luján.

Pese a que la decisión política ya está tomada, Katopodis explicó que “se abre un proceso judicial que en la Argentina sabemos que tiene sus tiempos. Por supuesto que ya he instruido al área jurídica para impulsar esta causa”.

 

 

En la práctica, el decreto 633 publicado este jueves en el Boletín Oficial declara “lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, la norma instruye a Vialidad Nacional para "interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1".

 

 

El texto también informa de la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

Los contratos de concesión habían vencido en 2017 y ya fuera de término, fueron prorrogados por el macrismo hasta 2030. Si la Justicia accede al pedido del gobierno, la prórroga sería nula y por lo tanto la concesión se daría por finalizada.

Esto daría pie a que el gobierno se haría cargo de los accesos, que otorgó al sector privado en la década del 90 para su mantenimiento y conservación a través del sistema de peaje. Eventualmente el Ejecutivo podrá decidir si inicia un nuevo proceso de adjudicación al sector privado o si el mantenimiento de esas autopistas correrá por cuenta del Estado.

Autopistas: por qué quieren quitar la concesión de los Accesos Norte y Oeste

Al considerar que los contratos de prórroga fueron “distorsivos”, el decreto 633 explica que los términos de la renegociación tenían “diversos vicios que nulifican de manera absoluta e insanable” los acuerdos firmados por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a quien secundaba Javier Iguacel como director de Vialidad Nacional. Entre otras cosas, porque restringían “ilegítimamente las prerrogativas de la Administración Nacional en favor de las concesionarias” y porque la continuidad, que tenía como objeto excluyente que las empresas pudieran recuperar parte de la acreencia que argumentaban tener sobre el Estado nacional, “desvirtúa el objeto de los contratos originales”.

 

 

En conjunto, los dos grupos reclamaban deudas al Estado por U$S 813 millones, de las cuales U$S 540 millones eran exigidas por Ausol (a cargo del corredor Norte) y U$S 273 millones por GCO (del corredor Oeste). Ambas accedieron a levantar sus planteos judiciales mediante la extensión de la concesión a 2030, la promesa de dolarizar sus tarifas y de una utilidad neta garantizada. En esa línea, en mayo pidieron una actualización que significaría incrementar los peajes entre 1000% y 2200%: la propuesta era que los automovilistas pagaran $ 1.830 en la Panamericana y $ 1.072 en el Acceso Oeste.

A esas irregularidades se suman las sospechas sobre los vínculos de las empresas adjudicatarias con el expresidente Mauricio Macri. Así, Socma, empresa creada por Franco Macri, formó parte de Ausol desde su creación hasta comienzos de 2016; mientras que la firma española Abertis, propiedad de Florentino Perez (presidente del Real Madrid e histórico socio del grupo Macri), tiene fuerte participación accionaria en las dos concesionarias.