La continuidad del histórico Diario Popular corre peligro por un fallo irracional. Y ello se puso de manifiesto en Colombia, donde se reunió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que expresó su “preocupación” por la resolución judicial.

La historia arranca en el 2011, cuando una demanda judicial contra Impreba y sus accionistas fue calculada en 500.000 pesos, suma que en ese momento significaba 116.000 dólares. El abogado José Arcagni reclamó “honorarios” profesionales extrajudiciales y un fallo de primera instancia avaló el pago en dólares más intereses con tasa activa del Banco Nación.

Pero la Justicia, desconociendo la regulación del pago de honorarios, fijó una sentencia por fuera de los parámetros. Pese a que la legislación sólo admite regulaciones en pesos, el abogado reclamante practicó una liquidación en dólares y le aplicó la tasa que se usa para actualizar deudas en pesos. De esta forma llegó a la cifra de casi 6 millones de dólares. Además, solicitó mediante una cautelar que se traben embargos sobre las cuentas bancarias de la editora de diario.

Por ese motivo, en la última reunión de la SIP y dentro del informe sobre los medios de comunicación en Argentina, la entidad manifestó su preocupación por una resolución judicial que afecta a Impreba, la editora de Diario Popular.

En ese sentido, la SIP señaló que a raíz del reclamo judicial de un particular por honorarios jurídicos, y a partir del intento de aplicar fórmulas de determinación de deuda alejadas de la realidad económica, existe el riesgo de que se termine consagrando un virtual abuso confiscatorio sobre el patrimonio de la empresa.

Los letrados de Impreba pidieron a la nueva jueza que entiende en el expediente que no efectivice la cautelar. En su escrito, explicaron que tal medida significaría la inmediata paralización de la empresa y su eventual quiebra, “con la gravedad institucional que significa la desaparición de un medio de prensa que además de cumplir una evidente función social y republicana sirve de fuente de ingreso directo a más de 260 familias cuyos ingresos dependen del diario”.

La magistrada hizo lugar a la solicitud de no efectivizar los embargos, dispuso que la deuda debía transformarse a pesos a la cotización de la fecha en que se interpuso la demanda y a partir de allí actualizar el monto aplicando la tasa pasiva que informa el BCRA y tomando en cuenta el pago a cuenta que recibió el abogado demandante.

Arcagni apeló esa decisión a la Cámara, que ahora deberá decidir si convalida su pretensión de liquidar la deuda en dólares más los intereses a la tasa que pagan los bancos para colocaciones en pesos y de embargar las cuentas con las que la empresa que edita Diario Popular les paga a los proveedores y a sus empleados.