La delincuencia juvenil, sin lugar a dudas, constituye una de las problemáticas sociales más complejas, agudas, alarmantes y difíciles de erradicar. Sin embargo, ese vacío de soluciones parece llenarlo la tan aclamada reducción de la edad de imputabilidad. Una intención que fue puesta de manifiesto por el Gobierno nacional en los últimos días. Actualmente es de 16 años, y muchos exigen bajarla a 12. Pero a la vez se hacen sentir aquellos que se oponen tajantemente al mencionado proyecto de ley.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que es firme y en el corto plazo la posibilidad de que los menores ya no sean más punibles a partir de los 16, sino a edades mucho más tempranas. Justamente, Bullrich reconoció que dicho limite etario constituye el foco de debate dentro de las esferas gubernamentales, lo cual da cuenta de que la modificación es un hecho.

En este sentido, Alejandro Cassaglia, quien formó parte de la Policía Federal, de la Policía Metropolitana y de la Policía de la Ciudad, confesó: "Estoy totalmente de acuerdo porque las sociedades tienen que responder a las necesidades y a los cambios de los modus operandi de la criminalidad". En su afán de argumentar su posición, el también docente universitario, especialista en terrorismo y criminalidad organizada, relató una experiencia personal: "En 2014 trabajé en Investigaciones de la Metropolitana, y en la Villa Zavaleta había un pibe de 13 años que andaba con dos pistolas. Tenía a maltraer al barrio, incluso a los delincuentes más adultos". A su vez, Cassaglia destacó: "A los chicos los usan como mano de obra, porque cometen el delito y no van presos. En Rosario están los soldados, que son chicos reclutados para diferentes tareas delictivas en clanes como Funes, Los Monos, Cantero. A estos chicos les pagan de 20 a 30 dólares por día".

En una misma postura se sitúa el abogado Marcelo Biondi, quien admitió: "Mi criterio siempre fue que veníamos con un régimen que era el adecuado. Pero muchos ciudadanos son víctimas de delitos y por eso he cambiado mi opinión, y creo que tiene que haber una reforma que baje la edad de imputabilidad a los 14 años, y que tengan un régimen en el que puedan defenderse de cualquier imputación". No obstante, Biondi aclaró: "Eso tiene que ir acompañado de una reforma integral, para que pueda ser resocializado, y no que sea un mecanismo de exclusión del menor. Tiene que haber Institutos acordes a formar al menor, y cárceles con condiciones que puedan resocializarlo".

En una línea similar, con diferencias de matices, también se detiene Héctor Muscio, licenciado en Seguridad, abogado y ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien propone que "los menores tienen que ser condenados a partir de los 12 años, siempre que comprendieran la criminalidad del acto, y ello deben determinarlo las pericias psicológicas". Un régimen que Muscio sostiene que debe disponer de "institutos acordes para que finalicen la escuela secundaria". Y completó: "Sin perjuicio de ello, allí también se les debe otorgar la posibilidad de aprender un oficio. Hay que hacerles saber y enseñarles que existe un mejor futuro, mediante los valores compartidos de respeto, empatía y trabajo. Los chicos no deben ser depositados en unidades penales comunes sino en institutos de formación".

Sin embargo, Guillermo Baque, como los mencionados anteriormente, también convive con el delito diariamente, dada su extensa trayectoria como abogado, pero su visión es completamente diferente al respecto. Recién llegado al país luego de recorrer el tan mentado sistema penitenciario de El Salvador, Baque remarcó que "es una locura porque las 65 cárceles de provincia están colmadas, hay 90.000 presos" y señaló que "no es la solución, sino fomentar la educación, estudiar los problemas sociológicos, trabajar sobre la pobreza, la familia y el menor, en forma conjunta". El representante legal se justifica en que "el menor no tiene noción de la gravedad que implica calzarse un arma en la cintura, sino que lo impulsa el berretín de ser delincuente", por lo tanto "imitan, y cuando se dan cuenta de lo que hicieron se largan a llorar como criaturas". Y remarcó: "No hay intención política de resolver esta cuestión, sino bajar la edad".

A pesar de que para un considerable sector de la sociedad la reducción de la edad de imputabilidad es la solución, Baque anticipó que para dicha iniciativa "el Estado no está preparado estructuralmente" y que "va a tener que improvisar, porque las cárceles no van a alcanzar, entonces los mezclarán en institutos con los que no han sido punibles, y en materia delictiva va a seguir de la misma manera".

En tanto, en los espacios enfocados en la contención, asistencia y prevención del delito juvenil se percibe un marcado rechazo o, al menos, una negativa a la posibilidad anunciada por la ex candidata a presidente. Uno de ellos es Pablo Pérez, hijo de una víctima de homicidio, miembro de La Plata Solidaria, y que habitualmente impulsa diferentes acciones abocadas a acompañar a menores en condiciones socioeconómicas extremas, como el Programa de Desarme Juvenil en Barrios Populares. El plan incentiva a los jóvenes a entregar sus armas a cambio de una reciprocidad económica, y cuenta con diez centros de recepción, dos de ellos en Mar del Plata y Lanús. Dichas armas son entregadas posteriormente en el depósito de la Anmac.

Por estos proyectos, y las experiencias que desencadenó, Pérez expresó: "Bajar la edad de inimputabilidad no soluciona absolutamente nada. Es una discusión espasmódica, que se da cuando sucede un hecho, y con ella nos estamos pegando un tiro en los pies, porque es un desconocimiento absoluto, ya que mientras no soluciones el problema de la droga, de la inserción laboral, de la falta de proyectos a futuro, de infraestructura en los barrios, no le mostremos una luz al final del túnel, podemos hacer la ley que queramos y nada va a cambiar". A su vez, Pablo exclamó, con énfasis: "A ver si se piensan que un pibe de 12 años va a tener en cuenta que es imputable antes de tirar un tiro, dado vuelta por la droga, viviendo en una casa con una familia desintegrada. Le importa tres pepinos".

La misma indignación le causa a Diana Márquez, víctima de abuso sexual infantil e integrante de Víctimas por la Paz, organización que fomenta diversos proyectos de erradicación de la delincuencia juvenil. En respuesta a la futura reducción de la edad de punibilidad, Márquez manifestó: "No se preguntan por qué un nene de 15 años empuña un arma, en vez de preguntar o enfatizar lo que hizo. Es un fracaso mental pensar que será la solución. La mirada tiene que estar en por qué un menor toma un arma y para ello se tienen que involucrar las partes esenciales en la formación de los pibes: clubes, maestros, espacios de recreación, acercarles oficios, es decir, el Estado cuenta con esas estructuras pero no las pone en marcha".

Hablando de recorrer los barrios y asistir, Juan Manuel es docente de un instituto privado situado a pocos metros del Barrio Popular 21-24 de la ciudad de Buenos Aires, en el cual residen una gran parte de sus alumnos. Por eso, él camina por las calles de dicho complejo de viviendas, asistiendo, acercando la escuela al niño o niña. Por lo tanto, enarbola la bandera de la educación como prevención, siguiendo el legado del padre Carlos Mugica, y bajo esta misión afirmó: "Junto a mis compañeros, consideramos que la presencia del Estado y de la educación son el camino a tomar para sacar a los chicos de la delincuencia. El patrón es siempre el mismo: familia ausente, educación paupérrima, mala presencia del Estado y esto quiere resolverlo con el eslabón más débil, que es el menor". En consonancia con su punto de vista, Juan aseguró que "con proyectos como el nuestro no hay que bajar la edad de punibilidad".

Por M.R.