En una reciente declaración, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno nacional considera la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad en Argentina, con tres posibles límites: "14 años, 13 como en Uruguay o 12 como en Brasil". En ese sentido, argumentó que "en los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad a la edad que se cometa, si realmente hay consciencia del menor".

El lunes pasado, el Poder Ejecutivo Nacional, junto con las más altas autoridades del Poder Judicial, inauguraron el sistema acusatorio en la ciudad de Rosario. Bullrich confirmó en ese acto que el Gobierno finalizó el proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad y tiene previsto presentarlo en el Congreso.

Durante una entrevista radial, Bullrich volvió a referirse sobre la propuesta y explicó que esta medida podría contribuir a prevenir la reincidencia delictiva entre los jóvenes, especialmente aquellos que cometieron delitos menores. Según la ministra, "a los que cometan delitos menores, hay que evitar que cometan delitos mayores".

También indicó que están evaluando cómo esta medida está relacionada con los diversos convenios internacionales suscritos por Argentina, los cuales establecen límites en las penas máximas que pueden ser impuestas. "Tenemos acuerdos supranacionales donde la pena mayor es de 25 años, hay convenios internacionales que nos ponen un tope. Queremos que los delitos de sangre tengan la máxima pena. Pero que en los delitos menores, de hurto, que el menor recapacite", afirmó la funcionaria.

Bullrich además adelantó que el Gobierno finalizó un proceso de "perfeccionamiento de la ley de migraciones", con el objetivo de expulsar del país a aquellos extranjeros que hayan cometido delitos o que estén vinculados con organizaciones criminales.

Rafa Di Zeo, líder de la barrabrava de Boca, a quien se le aplicó el derecho de admisión.

Durante la misma entrevista, Bullrich también abordó otros temas de relevancia en materia de seguridad. Defendió la aplicación del derecho de admisión a 57 presuntos barrabravas, incluyendo a "Rafa" Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors, y expresó el interés de extender esta medida a la Copa América que se celebrará este año en Estados Unidos. Según la ministra, el propósito de esta medida "es directamente impedir que entren al país aquellas personas que tienen violencia".

También celebró la anulación del juicio contra Luis Chocobar, el ex oficial de policía que fue juzgado por el homicidio de Pablo Kukoc en 2017 al argumentar que esta decisión representa un acto de justicia.

Bullrich concluyó destacando la importancia de lo que ella denominó "la doctrina Chocobar", refiriéndose a la actuación de agentes de seguridad en situaciones de riesgo, y afirmó que, "la doctrina Chocobar hoy es la doctrina del buen policía".