Por Juan Bernardo Domínguez

@juanbjd

 

El Poder Ejecutivo presentó el miércoles pasado en la Cámara de Diputados el proyecto denominado "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". La iniciativa, más conocida como "Ley Ómnibus", fue plasmada en 350 carillas por la amplitud de las reformas propuestas en materia económica, financiera, fiscal, previsional y de seguridad, entre otras.

El megaproyecto incluye dos secciones con la que el oficialismo impulsa cambios en las leyes de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Ley de Mil Días); y de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia Contra las Mujeres (Ley Micaela).

 

La reforma de la norma 27.611 (Mil Días) propone “fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años, con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional”. Además, impulsa la “asistencia a la madre embarazada y su hijo por nacer”.

Respecto a los cambios, el proyecto habla del “niño" e "hijo por nacer” y no de “persona gestante”, al tiempo que no menciona la palabra “niña”.

“Hace referencia al ‘niño por nacer’ y elimina lo de 'persona gestante', por lo que es un retroceso de nuestra lucha de muchísimos años. No sólo la mujer puede gestar. También tenemos al hombre trans que es una persona gestante, que puede llevar un embarazo si así lo decidiera”, cuestionó este viernes en diálogo con crónica.com.ar la abogada Rocío Silva Benítez, especializada en temáticas de violencia de género y ex militante del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana, más conocido como Mumalá.

 

 

En ese mismo sentido y también en contacto con este medio se expresó Raquel Vivanco, fundadora del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, asociación civil que realiza el relevamiento, análisis y visibilización de las violencias y desigualdades por razones de género en los distintos ámbitos de la sociedad.

“Estas modificaciones conceptuales en relación a dejar de hablar de mujeres y hablar sólo de madres, en relación a volver a hablar de personas por nacer y no de infancias o de niños y niñas, nos hablan a las claras del posicionamiento político o religioso sobre el que se paran él (por el presidente Javier Mielei) y sus funcionarios, que es claramente antiderechos”, advirtió Vivanco.

Y completó: “Nos quieren llevar 100 años atrás en materia de derechos humanos de mujeres e infancias”.

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Vivanco consideró que los cambios en la ley de los Mil Días “ponen en discusión la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo”. “Esto es sumamente preocupante y habilita un marco para que la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se ponga en cuestionamiento por parte de los sectores que siempre lo hicieron; sólo que ahora verán algún vericueto legal que les permita oponerse a la implementación de esta ley”, alertó.

A su turno, Silva Benítez manifestó: “No deberíamos precipitarnos porque aún no se habló al respecto y no figura en el megaproyecto”. “Pero, si la intención fuera ir en ese sentido, sería catastrófico para las personas gestantes que decidieran interrumpir un embarazo no deseado. Representaría un retroceso de décadas de lucha”, alertó la abogada.

Cambios en la ley Micaela

La Ley Micaela (27.499) fue denominada de esa forma en memoria de Micaela García, una joven de 21 que fue asesinada el 1 de abril de 2017 en Gualeguay tras haber sido secuestrada y violada a la salida de un boliche de esa ciudad entrerriana. Era integrante del Movimiento Evita y del Ni Una Menos.

El autor del femicidio fue Sebastián Wagner, quien ya había sido condenado a 9 años de prisión por dos violaciones previas y estaba en libertad condicional en el momento del crimen, pese a un informe penitenciario que no la recomendaba.

El proyecto oficialista plantea sustituir el artículo 1 de la Ley Micaela, que designa a todas las personas “que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación” para establecer una capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres.

En su lugar, propone que la implementación de la norma recaiga sólo “en las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”.

“La Ley Micaela surge para formar y capacitar de manera transversal a todos los agentes del Estado, de los tres Poderes del Estado. En tanto todos tienen de alguna manera injerencia, incumbencia en la temática de la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias motivadas por el género”, resaltó la fundadora del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

Vivanco advirtió que “es un retroceso recortar su implementación sólo a quienes estén en las dependencias que llevan adelante las políticas ligadas a la temática”.

Por J.B.D.