El próximo lunes, el oficialismo buscará llegar a un acuerdo con los legisladores considerados "dialoguistas" para aprobar esta semana el proyecto de ley de "Bases", o también conocido como "Ley Ómnibus". Dicha iniciativa contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización de unas 40 empresas públicas.

Aunque la sesión especial aún no ha sido solicitada por La Libertad Avanza (LLA), están esperando las conversaciones que se llevarán a cabo con los bloques que firmaron con disidencia el dictamen de mayoría. Sin embargo, el bloque del partido que respalda al presidente Javier Milei mantiene su decisión de realizar la reunión del plenario del cuerpo el próximo martes.

Tal es así que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscará cerrar trato con los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, tras el anuncio brindado el último viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien comunicó el retiro del paquete fiscal incluido en el proyecto.

Como resultado, los capítulos del dictamen de mayoría que incluían un aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria no serán tratados.

Después de la decisión del Gobierno de retirar el paquete fiscal del proyecto de ley, el próximo lunes se abrirá una nueva etapa de diálogo con el objetivo de lograr la aprobación de esta iniciativa. El debate se centrará en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en nueve áreas y en las privatizaciones.

Cabe destacar que el dictamen de mayoría firmado por LLA, Pro, UCR, un sector de Hacemos e Innovación, y un diputado del bloque Independencia (ex Unión por la Patria), declara la emergencia pública hasta el final del año 2024 en lo que respecta a la situación económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética, administrativa, previsional y de salud.

Otro planteamiento que podría ayudar a resolver la situación y facilitar la conquista de acuerdos sería la posibilidad de limitar las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo para que no incluyan la emergencia en salud y previsional, pero sí declarar la emergencia pública en áreas como la económica, financiera, fiscal, seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Esta propuesta podría permitir un enfoque más específico y focalizado en las áreas que requieren una atención urgente y, al mismo tiempo, abrir espacio para el diálogo y la negociación en otras áreas.

Así las cosas, el oficialismo deberá obtener los 129 votos que necesita para habilitar el quórum para sesionar válidamente en la Cámara de Diputados, además del respaldo para sancionar distintos artículos que resultan clave dentro de la iniciativa llamada Ley Ómnibus.

 

 

Ley Ómnibus: la postura de los bloques

 

El presidente de la Cámara baja manifestó ser "optimista" pese a que el oficialismo es "minoría" en el recinto, a lo que acudirá a la "voluntad" de los parlamentarios. "Nuestra intención como fuerza política es tratar la ley y trabajar lo antes posible", ratificó.

El diputado de LLA, Oscar Zago, dijo que el retiro del paquete fiscal de la iniciativa anunciado por Caputo "facilita y acorta la sesión del martes próximo, que iba a ser demasiado larga".

Cristian Ritondo, presidente del PRO, dio el visto bueno para sesionar el próximo martes ya que el bloque aboga por "los cambios en Argentina".

En el caso del radicalismo, la situación es más complicada, ya que hay al menos una decena de legisladores que responden a Martín Lousteau (presidente de la UCR) y Gerardo Morales (ex gobernador de la Provincia de Jujuy), de los 34 que conforman esa fuerza política, que se oponen al proyecto. Por lo tanto, la reunión de bloque que tendrán el lunes será crucial para determinar la postura del partido en relación al proyecto, en la búsqueda de consensos internos que permitan una posición unificada frente a la iniciativa.

También resulta una incógnita hasta el momento cuál será la postura que tendrán Hacemos Coalición Federal e Innovación, que actúan como si fuera un interbloque y tienen 32 miembros, de los cuales seis de la Coalición Cívica tienen dictamen propio y lo mismo sucede con los dos socialistas y el Gen.

Por el lado de Unión por la Patria (UxP), el presidente del bloque, Germán Martínez, ratificó en las últimas horas el rechazo al proyecto y dijo que el retiro del capitulo fiscal "es una derrota parlamentaria, pero también una trampa" ya que "el corazón" de la iniciativa "no cambió y tiene que ver con la delegación de las facultades extraordinarias" para el Jefe de Estado.

 

 

"Ley Ómnibus": los puntos que negocian los bloques

 

Además de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría contempla la privatización de unas 40 empresas, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la reforma del Estado, que incluye cambios en la estructura de la administración pública y un sistema de prescindibilidad de empleados públicos.

En cuanto a las privatizaciones, el despacho establece que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat, el Estado solo puede realizar una privatización parcial, manteniendo el control de la empresa.

En este sentido, el radicalismo busca que el Gobierno se comprometa a enviar un proyecto de ley por cada empresa que desee privatizar, mientras que Hacemos Argentina quiere eliminar al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica de esa lista.

En relación al FGS, el oficialismo propone transferir sus activos al Tesoro Nacional. Además, establece que para poder vender esas acciones, se requiere un dictamen previo favorable emitido por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.

Por otro lado, también existen diferencias entre el oficialismo y los bloques en cuanto al sistema de financiamiento de partidos políticos. La nueva norma busca habilitar el aporte privado, lo cual es rechazado por la UCR. Esta discrepancia refleja la divergencia de opiniones sobre cómo financiar las campañas políticas y la influencia que pueden tener los aportes privados en el sistema político.

El dictamen de mayoría contempla el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados debido a la reestructuración del Estado. Durante un período de 12 meses, se les pagará el sueldo hasta su desvinculación.

Además, el dictamen establece que los empleados públicos que realicen protestas sufrirán descuentos en sus salarios.

En cuanto a la regulación de la protesta, el dictamen mantiene la propuesta de prohibir el corte del tránsito y de rutas. Además, se establece que se deberá solicitar autorización para cualquier manifestación que supere las 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.