Por Mauro Federico

Además de formar parte de la mesa chica de un gobierno que atraviesa la mayor turbulencia política y económica desde que comenzó su gestión, el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, enfrenta su propio calvario.

Mientras aguarda con impaciencia que la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia se expida en una causa en la que se debate si corresponde a la provincia de Buenos Aires o a la Nación regular ciertos aspectos de la actividad farmacéutica en territorio bonaerense, el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete tiene a Comodoro Py examinando su real vinculación con la firma Farmacity SA, a la que, se sospecha, el funcionario pudo haber beneficiado durante su gestión pública.

Tras la imputación del fiscal Ramiro González, el juez federal Ariel Lijo procura establecer si cometió algún delito al mantener acciones en Farmacity que le dan control sobre la cadena farmacéutica, simultáneamente a ostentar un alto cargo en el gobierno.

El ministerio público pretende establecer si la empresa fue beneficiada con convenios con el PAMI desde la llegada del gobierno de Cambiemos. Pero además sospecha de posibles maniobras de adulteración con fines de sortear el impedimento judicial para que los locales de la firma se instalen en las ciudades de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal.

La resolución del Ministerio Público Fiscal.



Promesa incumplida

Cuando ingresó al gabinete nacional, Quintana dejó la presidencia del directorio de la compañía, pero mantuvo el 3% del paquete accionario. A principios de este año, prometió públicamente que se desprendería de su participación en Farmacity, algo que no ocurrió hasta la fecha.

El funcionario participa en la firma Partners I, que posee acciones "clase A", lo que le otorga un 53 por ciento de los votos en la cadena de farmacias, porcentaje que le garantiza retener el control. González planteó investigar la "presunta adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana a los fines de la habilitación de farmacias de Farmacity en la provincia de Buenos Aires"; así como "supuestas influencias en la Corte Suprema para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica".

El máximo tribunal fijó para el 29 de agosto la audiencia pública informativa en el marco de la causa CSJ 118/2017/RH1 " Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria -recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

Se trata de una acción iniciada por Farmacity para que se declaren inconstitucionales los artículos 3° y 14 de la ley bonaerense 10.606, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos a las sociedades anónimas, como la firma actora.

En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró constitucional el art. 14 de la ley 10.606 e inoficioso pronunciarse acerca del art. 3. Jueces excusados De la audiencia sólo participarán los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se apartaron del expediente excusándose por distintos motivos que podían intervenir en algún conflicto de intereses a la hora de tomar una decisión.

En el caso de Rosenkrantz, cuando ejercía su profesión en el ámbito privado, su estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados fue contratado por Farmacity. Y en el de Rosatti, el argumento esgrimido para excusarse fue que había trabajado con la directora de Asuntos Jurídicos de la cadena farmacéutica, Andrea Gualde. Pero además, el vocero del Supremo, Silvio Robles, está casado con la actual jefa de prensa de Quintana, Laura Latorre, quien ya lo acompañaba en esa misma tarea en épocas de Farmacity.

Por su parte, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) acusó al funcionario de forzar a la Justicia para que “propicie una ley a medida de su compañía" y lo cuestionó por "dilatar el desprendimiento de sus acciones" con el objeto de sustanciar una maniobra especulativa tendiente a incrementar su patrimonio, a la espera de un fallo favorable de la Corte que le permita "instalar la cadena en la provincia y así maximizar su ganancia".

¿Incompatibilidad?

El juez federal Ariel Lijo procura establecer si Quintana cometió algún delito al mantener acciones en Farmacity que le dan control sobre la cadena farmacéutica, simultáneamente a ostentar un alto cargo en el gobierno nacional.

Reclamo a la Corte

Farmacity quiere que se declaren inconstitucionales los artículos 3° y 14 de la ley bonaerense 10.606, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y excluye de los sujetos que pueden ser titulares de ellos a las sociedades anónimas. Tal es el caso de la cadena de farmacias.

Mayoría accionaria

Quintana participa en la firma Partners I, que posee acciones "Clase A”, lo que le otorga un 53 por ciento de los votos en la cadena de farmacias, lo que le garantiza retener el control.