La investigación, liderada por el juez Marcelo Aguinsky, puso el foco en el uso discrecional de tarjetas corporativas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia y cuyo tesorero es Pablo Toviggino, para financiar una vida de lujos ajena a la actividad deportiva. Entre los gastos detectados figuran vuelos privados, mantenimiento de vehículos de alta gama y consumos personales vinculados a una propiedad en Pilar.

Un punto crítico de la pesquisa fue la baja de una tarjeta American Express a nombre de Luciano Pantano. Este plástico, que registraba gastos cercanos a los 50 millones de pesos mensuales, financiaba incluso servicios básicos —como la televisión satelital— de la residencia de Tapia en el country Los Cardales, la cual debió ser dada de baja por la prestadora del servicio.

Por su parte, Pantano, señalado como presunto testaferro, es una figura que genera sospechas internas debido a su pasado en el ascenso y posibles declaraciones autoincriminatorias en la causa.

El entramado de influencia y el “Factor Faroni”

En el centro de la operatoria financiera aparece el exdiputado Javier Faroni, vinculado a la explotación comercial de la "marca Messi" y de quien investigan sus vínculos con Toviggino. Se sospecha que, a través de la firma offshore TourProdEnter, se habrían movido entre 300 y 400 millones de dólares que nunca fueron declarados en los balances oficiales de la AFA.

Así las cosas, este esquema contaría con el soporte logístico de:

• Sur Finanzas: La financiera de Ariel Vallejo, utilizada para el movimiento de cheques y préstamos a dirigentes (como el caso de Eduardo Spinosa).
• El círculo de Pablo Toviggino: Un grupo de hombres sin conexión evidente entre sí (Saracco, Molina, Beacon, Capurro y Paz) que operan bajo la órbita del tesorero de la entidad.

Estrategia de evasión judicial

Ante el avance de las causas que instruye la fiscal Cecilia Incardona, la conducción de la AFA ha iniciado una maniobra administrativa para mudar su domicilio legal a Pilar. El objetivo de este movimiento sería doble:

• Escapar de la órbita de la Inspección General de Justicia (IGJ).
• Buscar refugio jurídico bajo la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, intentando frenar el control sobre sus irregularidades contables.