Una jueza federal de la provincia de Chaco dispuso este lunes el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos), acusada de lavado de activos cuando ejerció como intendenta de Resistencia.

Ayala fue internada este madrugada en un sanatorio de la capital chaqueña, informaron sus allegados.

La magistrada Zunilda Niremperger, dispuso similares medidas para el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez. Lo mismo sucedió con Alejandro Fischer, Patricia Vázquez, Rolando Javier Acuña, Fátima Rigassio y el resto de los imputados en la causa.

Según informaron fuentes judiciales, Niremperger ordenó además embargos a distintas empresas bajo investigación y la inhibición general de bienes de todos los procesados.

A pesar de que Ayala no pudo presentarse por "problemas de salud", sus abogados defensores encabezados por Ricardo Gil Lavedra, presentaron una apelación documentada al tribunal de alzada.

La Cámara de Diputados tiene pendiente de definición el pedido de desafuero de Ayala formulado por la Justicia federal, sobre el que debe pronunciarse la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli

Sin embargo, según indicó Gil Lavedra, ahora hace falta “que los médicos la autoricen, para que pueda aportar todas las pruebas que demuestran su ajenidad a los hechos que se le imputan”.

"El pedido de desafuero es absurdo ya que hay una ley que estipula que los legisladores pueden prestar declaración indagatoria sin que se proceda a esto”, remarcó.

Afirmó además que no entiende por qué la investigación está en el ámbito de la Justicia Federal ya que hay “muchas dudas” sobre la comisión del delito de lavado de dinero que se imputa a la legisladora oficialista.

En la ampliación de la indagatoria dispuesta en el marco de esta causa, la jueza prevé apuntar al supuesto delito de lavado de activos “agravado por su habitualidad”, como así también a su posible responsabilidad como “miembro de una banda, en calidad de coautor”, indicaron fuentes judiciales. 

En este expediente, también investiga a la diputada nacional por Chaco por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública”, todos en calidad de autor, y también por el de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini, la jueza chaqueña dispuso el pedido de detención y solicitó el desafuero de la legisladora de Cambiemos.

La ex intendenta de Resistencia está imputada de “haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.

Las investigaciones judiciales apuntan a la empresa Pimp SA, encargada de la recolección de residuos en Resistencia, caso en el que su actual intendente, Jorge Capitanich, prestó declaración testimonial ante la jueza Niremperger.

Fuente: Télam