Después de que el interbloque de senadores peronistas solicitó el pasado miércoles a la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, la convocatoria a una sesión especial para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica del Gobierno, los distintos bloques del Senado planifican sus estrategias ante la posibilidad de que el decreto sea discutido la próxima semana.

A pesar de la solicitud de los bloques peronistas -Unidad Ciudadana, encabezado por Juliana Di Tullio, y el Frente Nacional y Popular, liderado por José Mayans-, la presidenta del Senado mantiene la prerrogativa de determinar la fecha y hora de la convocatoria, algo que aún no fue comunicado oficialmente.

La oficina de la Vicepresidenta dejó trascender que, previo a la convocatoria formal de la sesión, llevará a cabo consultas con los jefes de los bloques no kirchneristas, los mismos con los que, poco después de asumir su mandato, obtuvo una mayoría de 39 votos que le permitió seleccionar a las autoridades de la Cámara y distribuir los lugares en las comisiones.

Mientras tanto, el peronismo planteó la posibilidad de ocupar el recinto todas las semanas en un intento por rechazar el DNU, algo que no podría hacer sin el propio llamado a sesionar.

Los senadores Juliana Di Tullio, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

La senadora Di Tullio, una de las que encabezó la nota para que se convoque a una sesión especial, afirmó el viernes: "Unión por la Patria (UxP) va a bajar todas las semanas hasta que consigamos quórum". No obstante, reconoció que el kirchnerismo también depende "de que bajen el resto de los senadores, radicales y bloques provinciales, que dicen públicamente y a las centrales sindicales que van a votar en contra".

En relación con la posible derogación del mega decreto en una sesión especial, fuentes de la oposición cercana a La Libertad Avanza (LLA) indicaron que, hasta ahora, "a 45 días del Gobierno, no hay una decisión de voltear el DNU". No obstante, todo estará condicionado al desenlace de la votación en la Cámara de Diputados sobre la ley de "Bases", u "Ómnibus", todavía en negociación entre el oficialismo y otros bloques, con excepción del kirchnerismo.

Tanto desde el radicalismo como el PRO argumentaron que no creen que un aumento en el tono de la discusión en Diputados los lleve a otorgar el quórum necesario para tratar el DNU, aunque señalaron que "puede cambiar la agenda de tratamiento de los temas".

Por otro lado, la senadora peronista disidente de Córdoba, Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador Juan Schiaretti, se distancia de la postura del ex Frente de Todos (FdT): "La senadora no comparte en absoluto las posturas del kirchnerismo", afirmaron sus voceros.

En un sentido similar, aunque menos contundente, desde las oficinas de Mónica Silva, representante de Juntos Somos Río Negro, señalaron que estarían dispuestos a participar en la sesión sólo si el FdT consigue el quórum necesario.

En la actualidad, el kirchnerismo cuenta con 33 legisladores y requiere cuatro más para alcanzar el quórum necesario. Al excluir a radicales, PRO, Alejandra Vigo de Córdoba, Mónica Silva de Río Negro, y, por supuesto, LLA, sus opciones se centran en el bloque Cambio Federal, compuesto por cuatro exintegrantes de Juntos por el Cambio (JxC), los peronistas disidentes Carlos Espínola y Edgardo Kueider, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia y los santacruceños de Por Santa Cruz.

Ya se sabe que el interbloque de exmacristas no participará debido a su posición antikirchnerista. En el caso de Kueider y Espínola, a pesar de estar en contra del DNU, creen que la Corte Suprema de Justicia debería pronunciarse primero.

Pese al pedido de los bloques peronistas del Senado, aún no conoce la fecha en la que se debatirá el decreto enviado por Milei.

Por Santa Cruz, aunque es una coalición en la que participa el PRO, aún no confirmaron oficialmente su posición. Los legisladores misioneros son el único bloque sin una posición clara, y su participación podría acercar al FdT al quórum necesario.

Sin embargo, según la ley que regula el tratamiento de los DNU, se requiere el voto negativo de ambas Cámaras del Congreso para derogar este instrumento de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo.

Los senadores y diputados además no tienen la capacidad de modificar el contenido del texto del DNU. Su rol se limita a presentar argumentos a favor o en contra y votar en positivo o rechazarlo.