La situación de la concesionaria del servicio eléctrico Edesur podría complicarse más de lo que ya indica la reciente intevención administrativa dispuesta por el Gobierno nacional. Este jueves el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó realizar diversos operativos en varias oficinas de la empresa en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la investigación por un corte de suministro eléctrico ocurrido el pasado 13 de febrero en varias localidades del conurbano.

Mientras tanto, se espera que la Justicia determine si hace lugara la medida cautelar con el pedido del Gobierno de prohibirle la salida del país a los principales directivos de Edesur.

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Federal y fueron dispuestos por el magistrado Kreplak con el fin de buscar y secuestrar documentación relacionada con el hecho denunciado.

Así fue que los agentes allanaron los edificios de la calle French al 500 en Ezeiza; Las Heras al 273 en Monte Grande, e Hipólito Yrigoyen 9071 en Lomas de Zamora. En los tres casos se trata de oficinas de Edesur. Asimismo, se allanó la sede central de la calle San José 190, en el barrio de Congreso, de Capital Federal.

En concreto, el juzgado ordenó buscar pruebas físicas e informáticas de comunicaciones que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) tuvo con Edesur a raíz de la existencia de cortes de suministro eléctrico en los partidos de Lomas de Zamora, Ezeiza y Esteban Echeverría, todos ellos de la Provincia de Buenos Aires.

La denuncia que dio curso a esta investigación corresponde al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y estuvo motivada en un corte en varios puntos de la zona sur de la provincia que dejó sin servicio en ese momento a unos 180.000 usuarios.

En su defensa, la empresa Edesur sostuvo que los cortes se debieron a la falta de suministro por parte de Cammesa, lo cual fue negado por esta última. Por lo pronto, está la sospecha de la comisión de ilícitos por parte de la primera.

En el caso puntual del allanamiento a la oficinal comercial central de Edesur, en la Ciudad de Buenos Aires, al estar ubicada fuera de la competencia territorial del juez Kreplak, éste libró una rogatoria que fue enviada a la Cámara Criminal porteña para que, una vez realizado el sorteo, dé intervención al Juzgado Criminal y Correccional que corresponda.

Asimismo, el juez pidió informes al Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) sobre el marco normativo de la concesión de la que es titular Edesur para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Ese reporte debe explicar -de acuerdo con las concesiones- cuáles son los roles y funciones de las empresas Cammesa, SACME, Edenor, Edesur y su propietario, el grupo ENEL; dónde opera cada una y qué concesión tienen.

Por otra parte, Kreplak requirió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) que informe los anuncios de venta de los activos de ENEL en las empresas Edesur, las centrales térmicas de Dock Sud y Costanera, y la concesión hidroeléctrica El Chocón. Además, pidió que le remitan toda la información que registren relacionada con la adquisición por parte de otras empresas de sus acciones y los valores y porcentajes de esos paquetes accionarios.