El Ministerio de Justicia resolvió posponer la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico, que estaba prevista para este lunes 11 de agosto. Según confirmaron, se implementará el 10 de noviembre de este año.

La decisión fue confirmado este lunes mediante la Resolución 530/2025 publicada en el Boletín Oficial. “Diferir la entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) en la jurisdicción correspondiente a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para las 00:00 horas del 10 de noviembre de 2025”, señala el artículo 1 de la normativa.

En la disposición, que lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se destaca que la decisión de aplazar la fecha de su implementación fue tomada tras un informe de la Procuración General de la Nación que consideró que “no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal” en territorio porteño.

De este modo, se especificó que la medida se tomó “con el fin de evitar una situación de conflicto institucional que comprometa el servicio de justicia”. “La decisión adoptada asegura así un plazo complementario, que se estima razonable y suficiente para intensificar las actividades institucionales preparatorias de la implementación, y para concluir gestiones adicionales extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, con la colaboración necesaria de los demás actores del sistema de justicia federal”, detalla la normativa.

Por su parte, en los considerandos de la norma, se confirmó que para la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas el sistema se implementará el 16 de marzo de 2026. En tanto, para la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la fecha definida será el 18 de mayo de 2026.

Según la Resolución 143/2025, publicada en marzo, con el nuevo sistema la investigación pasa de manos de los jueces a los fiscales y se busca agilizar el procedimiento al hacerlo oral y con pocas partes por escrito, en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.