El Gobierno promulgó este lunes la Ley N° 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. No obstante, la ejecución de la legislación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

La medida quedó establecida en el Boletín Oficial tras la publicación de la legislación, que establece la creación de una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, actualiza aranceles de prestaciones básicas y prevé compensaciones económicas a prestadores. 

Sin embargo, mediante el Decreto 681/2025, el ejecutivo suspendió la aplicación de la normativa a raíz del impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado. De esta forma, señalaron que su aplicación solo será posible una vez que se aprueben las partidas en el presupuesto nacional, cuyo proyecto para 2026 ya fue enviado al Congreso el pasado lunes 15 de septiembre.

En ese sentido, en la disposición indicaron que estiman que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa el 0,47 % del PBI.

En paralelo, se creó el “Programa Incluir Salud”, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI). La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI). En total, demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.

Es por ello, que optaron por postergar su ejecución hasta tanto el Congreso precise de dónde se obtendrán los recursos económicos necesarios. En esa línea, en el texto oficial, recalcaron que utilizando todos los créditos disponibles en la administración central sería “imposible financiar plenamente las obligaciones previstas sin desfinanciar funciones esenciales del Estado".

Por su parte, ante esta situación, resolvieron modificar el presupuesto y reasignar fondos a favor de la ANDIS. A través de la Decisión Administrativa 24/2025, se dispuso una suba de $121.363.881.238 en el presupuesto de la agencia, financiado con una reducción equivalente a los créditos asignados previamente a “obligaciones a cargo del tesoro”.

Con este refuerzo en las partidas se busca garantizar, desde el 1° de octubre de 2025, la actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, un reclamo que se intensificó en los últimos meses. De esta modo, el Ejecutivo dispuso esta normativa para responder a reclamos de prestadores de servicios para personas con discapacidad.