En medio del conflicto entre la administración de Javier Milei y los gobernadores por la coparticipación, el Gobierno nacional firmará un decreto para dejar esos fondos en manos del Ministerio de Economía, comandado por Luis Caputo que suma poder dentro del Gabinete. 

Fuentes gubernamentales indicaron que son cerca de 50 fideicomisos que serán auditados y dirigidos por el funcionario, por lo que el Palacio de Hacienda tendrá la competencia para ejercer la dirección y conducción de estos fondos.

En medio del conflicto con los gobernadores, el oficialismo parece estar decidido a bloquearle a "la política" una herramienta que fue utilizada por todos los gobiernos desde 1994, cuando sancionaron la Ley N°24.441 en adelante.

Milei había anunciado hace dos semanas que avanzaría con la eliminación de los fideicomisos por decreto, una de las cuestiones que hizo fracasar la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados durante la votación particular.

"Vamos a avanzar fuertemente sobre todas las cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. A mucha gente de la política que vive de eso", había advertido el Presidente.

En un principio, el Gobierno buscó la forma de eliminar estos fondos a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pero solo podía emplear ese método en solo nueve casos. Para el resto, sería necesario contar con una ley sancionada por el Congreso. Por tal motivo, el Ejecutivo resolvió darle el control de los fideicomisos al Ministerio de Economía, que asumirá el rol de fiduciario, y así hacerse del manejo de ese dinero.

La normativa, que será publicada en las próximas horas, intentará subsanar la difícil tarea de control al colocar al ministerio de Economía como controlante de los fondos. De esta manera, el ministro Luis Caputo sumará poder dentro del gabinete después de que su cartera absorbió las facultades del área de Infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro.

Cabe recordar que el proyecto de ley Bases, comúnmente conocido como ley ómnibus, adjudicaba a Milei la posibilidad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos". Sin embargo, la normativa no pasó el filtro de la Cámara de Diputados.

Los fondos fiduciarios constituyen instrumentos legales que involucran a tres partes: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. Están compuestos por ingresos recibidos por las provincias y sirven como una suerte de presupuesto garantizado por más de un año para asegurar el financiamiento y estabilidad de un programa público determinado. Los presupuestos afectan directamente a los gobernadores y, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, representan cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Entre los distintos fondos están Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte y el de Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario PROCREAR, Fondo PROGRESAR, Fideicomisos vinculados al transporte eléctrico federal, capital social y seguridad aeroportuaria Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo estabilizador del trigo y el Fondo Fiduciario de cobertura de salud.

El Fondo Progresar es uno de los programas que ingresan en la normativa (Imagen ilustrativa).

El Gobierno nacional dispuso la disolución por decreto del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual el Gobierno de Alberto Fernández dispuso la redistribución de recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.

También ordenó modificar la asignación de fondos correspondientes al 30% de lo recaudado por el Impuesto PAIS, afectando principalmente los ingresos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada por el gobierno anterior para la urbanización de barrios populares.