El fiscal paraguayo Ysrael Villalba solicitó una pena de dos años y dos meses de prisión para el ex senador nacional Edgardo Kueider y su ex  secretaria, Iara Guinsel Costa. 

El requerimiento se acerca a la escala penal máxima establecida para el delito de contrabando en grado de tentativa, la cual está fijada en dos años y seis meses. 

Al presentar la solicitud, Villalba afirmó que "concluido el debate oral y público, para el ministerio fiscal ha quedado demostrada la existencia del tipo penal de contrabando en grado de tentativa, conforme a lo previsto en el artículo 326, inciso B", correspondiente al Código Aduanero de la República de Paraguay. 

De acuerdo con la Justicia paraguaya, esta sanción aplica cuando se detecta "el ingreso o egreso de mercaderías sea o no por zona primaria en compartimiento secreto o de doble fondo o en forma tal que escape a la revisión normal de la aduana". En el país vecino, el dinero en efectivo recibe la calificación de mercadería. 

En este sentido, la fiscalía destacó que los imputados intentaron aprovechar la franja horaria nocturna para cruzar la frontera, sin completar la declaración jurada obligatoria exigida para montos superiores a los US$10.000. 

Durante el alegato, Villalba aseguró que el ex legislador por la provincia de Entre Ríos y su secretaria "violaron reglas administrativas y el código aduanero" de Paraguay. 

Asimismo, el fiscal puntualizó que el flujo de efectivo no registrado "forma parte del catálogo de hechos punibles". "Es un precedente para el lavado de activos", explicó y luego advirtió ante el tribunal que la libre circulación de grandes sumas de dinero sin declarar generaría "un grave daño a nuestro sistema jurídico". 

Por otra parte, la acusación evaluó el comportamiento posterior al hecho por parte de los dos involucrados y cuestionó que ninguno "ha mostrado ni un mínimo de arrepentimiento" . "Si bien tienen el derecho a no declarar, no han pedido disculpas a los paraguayos por las acciones cometidas", señaló. 

La defensa de Kueider solicitó la absolución

Concluido el pedido del fiscal, los abogados defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo tomaron la palabra ante el Tribunal para solicitar la absolución de sus representados. 

Los letrados alegaron que la Fiscalía no consiguió probar el ilícito y argumentó que la acusación recurrió a "analogías y en estirar interpretaciones que no están cubiertas" por las leyes vigentes, cuestionando que el dinero en efectivo sea asimilado como mercancía. 

Tras escuchar los alegatos de las partes, el Tribunal de Sentencia -presidido por la magistrada Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete Piris- dispuso un cuarto intermedio. La reanudación del juicio oral se fijó para el próximo lunes 13 a las 9.30 horas en el Palacio de Tribunales de Asunción.

En esta instancia se desarrollarán las réplicas y dúplicas, y luego podría dictarse el veredicto. 

Ambos imputados permanecen bajo detención domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024, tras haber sido interceptados en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad a bordo de una camioneta Chevrolet Trailblazer procedente de Foz do Iguazú. En una mochila ubicada en el asiento posterior del vehículo, las autoridades aduaneras hallaron US$211.000, 646.000 pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes no declarados. 

La justicia del país vecino imputó a Kueider y Guinsel por el delito de lavado de activos, al sospechar que utilizaron fondos de origen ilícito para la adquisición de cocheras y departamentos en Asunción, bienes que se encuentran embargados. 

En el plano judicial local, la situación de Kueider es compleja debido a que la Cámara Federal de San Martín desestimó una solicitud de eximición de prisión presentada por su abogado. 

En cambio, se dispuso una orden de captura que se hará efectiva en forma inmediata en el momento en que el ex senador reingrese al país. 

El Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, presentó un pedido de extradición internacional. Si bien la Fiscalía de Paraguay dictaminó de manera favorable ante la requisitoria de la magistrada argentina, el traslado del imputado quedó supeditado a la finalización previa de los procesos penales abiertos en los tribunales de la nación vecina.