Existen alrededor de 20 millones de cuentas virtuales (CVU) en Argentina en bancos digitales y fintech que, si bien son en su totalidad online, también son reguladas por el Banco Central y por la AFIP. En ese sentido, existe la posibilidad de que las los organismos estatales embarguen dichas cuentas y con ello el dinero virtual en las fintech Mercado Pago, Ualá o bien que tengamos en criptomonedas.

En los últimos tiempos, la AFIP informó a los abogados que deberán trabar embargos cuando la mora por impuestos llegue a la etapa contenciosa.

Nicolás Remmer, de PwC Argentina, dijo al medio iProUP que además de las fintech aparecieron los bancos digitales, los cuales originaron una “nueva realidad virtual, caracterizada por su dinamismo y rápida expansión, trae consigo numerosos desafíos en términos regulatorios y fiscales”.

 

Según la disposición 194/2021, norma que obliga internamente a sus agentes, advierte que pedirá a los jueces el embargo de los bienes de los contribuyentes al iniciar un juicio de ejecución fiscal que incluiría a Mercado Pago y Ualá, entre otras fintech.

"La Disposición aprobó las pautas de gestión en materia de juicios de ejecución fiscal a observar por las áreas operativas de recaudación, agentes fiscales y representantes del organismo", indicó el abogado Juan Manuel Scarso. En tanto, entre las medidas cautelares se "incluyen los embargos sobre 'cuentas digitales', sin precisar su definición o alcance".

 

Problemas de definición y alcance normativo  

Remmer destacó que no existe una "definición normativa" de tales cuentas, por lo que "debieran ser entendidas como aquellas que se tramitan y gestionan por medio de un canal digital y operan en forma similar a las bancarias".

Entre dichas entidades se encuentran bancos tradicionales, bancos digitales y fintech, como lo son las entidades Proveedoras de Servicios de Pago (PSP), que ofrecen el servicio de billeteras virtuales, como Mercado Pago, Ualá y Todo Pago, entre otras.

Por ahora, no se sabe si la técnica legislativa de la AFIP hará los pedidos de embargo sólo sobre ese tipo de cuentas o también sobre wallets de criptomonedas.

 

“El término 'cuentas digitales' no ha sido definido por la disposición de AFIP. Tampoco hay una definición en otros textos de normativa impositiva y no impositiva", remarcó el abogado especializado Eugenio Bruno.

"Ese texto debe ser interpretado para entender su real significado y estar preparado frente a los casos de traba sobre cuentas que puedan asimilarse a dicho término, pero sobre las que pueda existir alguna controversia interpretativa", agregó.

Por otro lado, sostuvo que "se podría llegar a entender que la AFIP se refiere a aquellas donde se depositan o custodian los criptoactivos, incluyendo tokens fungibles (monedas digitales como Bitcoin o Ethereum) y no fungibles (NFT), y posiciones en finanzas descentralizadas, entre otros".

 

Según Jorge Zanabone, de la billetera Yacaré, afirma a iProUP que "las CVU son cuentas del sistema financiero nacional. Desde el punto de vista técnico, es correcto que reciban embargos. Pero sería más justo que también permitan que reciban sueldos y subsidios. La inclusión financiera es la clave, pero es para los dos lados".

Remmer detalló que entre las "medidas cautelares que podrán solicitar los agentes fiscales se encuentra el 'embargo sobre cuentas digitales', en forma singular o concurrente con otras, como el caso del tradicional 'embargo general de fondos y valores de cuentas bancarias', con el agregado 'y cajas de seguridad'".

 

Embargo de criptomonedas por evasión impositiva  

En el caso de la posibilidad de que la AFIP embargue criptomonedas, Bruno sostuvo que "la naturaleza tecnológica de las criptomonedas permite considerarlas 'activos digitales' y, por lo tanto, las cuentas donde se depositan, custodian o almacenan también lo serían".

"Una resolución de la UIF dispone que se entenderá por monedas virtuales a la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, unidad de cuenta o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción", explicó.

El experto remarcó que estos instrumentos "se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción".

"La tenencia de la llave privada es la que determina la propiedad de los criptoactivos. Por ello, para que la AFIP disponga el embargo de 'cuentas digitales' debe trabar la disponibilidad de esta y ejercer el derecho de usarla", afirmó Bruno.

Existen dos casos según Bruno: "En los casos en que los criptoactivos se custodien a través de las exchanges u otras instituciones, la eventual orden de AFIP podría indicar que las llaves privadas correspondientes a las cuentas digitales de los contribuyentes alcanzados por los embargos no puedan ser utilizadas para transferir los activos a otras direcciones".

"En los casos de tenencias de llave privada por parte del usuario comienzan a surgir distintos interrogantes de difícil respuesta: ¿cómo se trabaría la orden de embargo cuando estos datos sólo los tendría el contribuyente y no existe un tercero que tenga la custodia? y ¿cuál sería la sanción si se rehusara a divulgarla?".

 

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