Este miércoles se realizará una reunión importante entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector cuyas líneas circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de complicaciones en la negociación salarial y amenazas por un posible paro de colectivos en caso de que no haya acuerdo.

La última audiencia realizada de modo virtual en la Secretaría de Trabajo, el viernes pasado, terminó sin acuerdo. Las empresas ratificaron que no están en condiciones de presentar una propuesta de aumento salarial porque, según sostienen, cualquier mejora depende de que la Secretaría de Transporte apruebe una actualización de la estructura de costos y de los subsidios que recibe el sector.

Desde la UTA criticaron con dureza esa postura, advirtieron que los choferes quedaron "rehenes de una controversia que les resulta completamente ajena" y cuestionaron que las empresas condicionen cualquier mejora salarial a la actualización de los subsidios.

"Queremos cobrar por nuestra labor y, sin embargo, los empleadores supeditan cualquier propuesta económica a una actualización de sus gastos operativos", señalaron los representantes sindicales durante la fallida audiencia.

El gremio también manifestó su preocupación por la proximidad de la fecha de pago de los haberes de junio y pidió definiciones concretas sobre cuándo percibirán los trabajadores sus ingresos. A ese reclamo se suma el rechazo a la posibilidad de que el medio aguinaldo sea abonado en cuotas, alternativa que había trascendido en el marco de las negociaciones.

"La autoridad administrativa no puede permanecer inmutable mientras se dilata la discusión salarial. El gobierno debe tomar cartas en el asunto y exigir a los empleadores que negocien nuevos salarios", sostuvo la UTA.

Por su parte, las cámaras empresarias argumentan que el esquema actual de financiamiento quedó desactualizado y aseguran que los subsidios se calculan con valores de meses atrás, mientras los costos operativos continúan aumentando. Afirman que esa situación las obliga a financiar gastos corrientes, como la compra de combustible, mediante endeudamiento, lo que impide asumir nuevos compromisos salariales.