Un total de 31 personas, entre ellas el presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, fueron acusadas por el delito de presunta delincuencia organizada, en una audiencia tras el megaoperativo realizado el jueves en varias provincias del país en el caso denominado "Metástasis".

"Fiscalía formula cargos contra 31 personas –incluidos jueces, fiscales, guías penitenciarios, policías, entre otros– por presunta delincuencia organizada. Fueron detenidos en los allanamientos ejecutados hoy en varias provincias", informó la entidad pública en su cuenta de la red social X.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, presidió la audiencia de formulación de cargos, en la cual solicitó declarar la legalidad de las detenciones y señaló que este paso se dio para garantizar la comparecencia de los investigados en la audiencia de formulación de cargos.

"Estas detenciones se realizan en total cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la república del Ecuador", aseveró.

Tras su arresto, Terán dijo que temía que fueran forjadas pruebas en su contra debido a que no presenció el allanamiento a su vivienda, en la cual la Fiscalía informó posteriormente que encontró 25.000 dólares en efectivo.

Al revelar este caso, Salazar mencionó que tras la muerte del líder delincuencial Leandro Norero, vinculado con un cártel de la droga mexicano, la investigación permitió obtener varias evidencias que permitieron avanzar en las pesquisas.

Entre estas evidencias se señalaron los dispositivos Celulares con los que el recluso habría montado su estrategia para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines.

La Fiscalía precisó en la red social X que abogados en libre ejercicio habrían ejecutado acciones para hacer posibles fraudes procesales y pago de sobornos a jueces que conocieron las causas de Norero y su familia.

Otro de los implicados es un general de Policía en servicio pasivo, ex director de la entidad a cargo del sistema penitenciario del país, quien, junto a un 'mensajero', concedieron favores penitenciarios a favor del líder delincuencial.

El operativo tiene lugar en momentos en que la propia Salazar afronta una solicitud de juicio político en su contra en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) por no atender casos reconocidos de corrupción.

Simultáneamente, se realiza un proceso para la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura.

Fuente: Sputnik