La ola de violencia que asoló recientemente a Ecuador, dejando al menos 14 personas fallecidas y llevando al presidente, Daniel Noboa, a decretar el "conflicto armado interno", puso en el centro de la agenda política regional la necesidad de que los Gobiernos trabajen de manera conjunta en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Expertos y autoridades consultados por la Agencia Sputnik explicaron que el crimen organizado tiene una "división regional del trabajo", donde cada estructura delictiva cumple un rol: mientras en Colombia y Perú se especializan en la producción de cocaína, Ecuador se convirtió en un punto de transporte y envío de esa droga a nivel internacional.

La violencia, corrupción y lavado de dinero que vienen de la mano del narcotráfico representan un "riesgo para el desarrollo de la región", advirtieron.

Ante esta crítica situación, las autoridades latinoamericanas, por tener una visión local del problema, no impulsan medidas en conjunto con otros países, dicen los expertos.

"La situación regional debe entenderse desde una división regional del trabajo, en el que cada uno de los países cumple un rol que se ha venido especializando durante los últimos años. Colombia y Perú se especializan en los cultivos de uso ilícito de coca, en la producción de cocaína (...) Ecuador se ha venido consolidando como un espacio geográfico de transporte, de almacenamiento, de poder trasladar la droga hacia los puertos y de envío de droga a los mercados internacionales", explicó la secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Carolina Andrade.

Por su parte, el especialista chileno y exsubsecretario de Estudios y Políticas de la Seguridad en el Ministerio del Interior de Ecuador, Lester Cabrera, afirmó a esta agencia que no existe una cooperación real entre los países de la región para conocer las redes y nexos que existen entre los grupos criminales.

El analista, doctor en estudios internacionales, especializado en Seguridad y Defensa y profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo que en la región las organizaciones delincuenciales tienen vínculos con cárteles mexicanos, con disidencias de la FARC en Colombia y con grupos en el Perú que trafican armas, por lo que es un "fenómeno internacional" que no se puede enfrentar con políticas de alcance nacional.

"Lastimosamente la respuesta sigue siendo estatal. Al tener una visión difusa del crimen organizado con estrategias locales, no estamos logrando un adecuado diagnóstico de la situación", reflexionó.

El presidente ecuatoriano, quien asumió hace menos de dos meses, declaró el lunes 8 el "estado de excepción", tras una serie de motines en prisiones y fuga de importantes líderes de bandas criminales, que a su vez respondieron con ataques, quema de autos, secuestros de policías y agentes penitenciarios y detonaciones de explosivos en las calles de varias ciudades, incluyendo Quito y Guayaquil, las dos más importantes del país.

La crisis se agravó con la incursión de un grupo de hombres armados y encapuchados a un estudio del canal estatal TC Televisión, que tomaron como rehenes a periodistas y otros trabajadores mientras estos transmitían un programa en vivo.

Esto llevó a Noboa, al día siguiente, a decretar al país en "conflicto armado interno" y desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles.

LOGÍSTICA

Andrade destacó que en el informe "Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022", publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en septiembre de 2023, Colombia reportó niveles récords de producción, con volúmenes "cuatro veces más grandes" que en la época del conocido narcotraficante Pablo Escobar.

"Por segundo año consecutivo, el cultivo de coca alcanzó un máximo histórico en Colombia", que registró un incremento del 13 por ciento respecto a 2021, llegando a las 230.000 hectáreas , mientras que el potencial de producción creció un 24 por ciento en 2022 respecto al año anterior, llegando a 1.738 toneladas métricas, según el informe.

No obstante la tendencia de crecimiento se mantiene desde 2013, el reporte destaca la desaceleración de la siembre de coca, ya que entre 2020 y 2021 el aumento había sido del 43 por ciento.

Por su parte, en Perú los cultivos de hoja de coca siguen incrementándose, mientras el país se mantiene como el segundo productor mundial de cocaína, solo superado por Colombia, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), publicado en junio del año pasado.

La superficie cultivada de hoja de coca en Perú alcanzó las 95.008 hectáreas en 2022, lo que representa un aumento del 18 por ciento respecto al año previo.

Andrade, quien también es especialista en Inteligencia e investigadora en temas de seguridad, dijo que en Colombia se consolidaron cuatro centros de producción agroindustrial de cocaína, donde se invirtió en tecnología, de los cuales tres están en el departamento de Nariño (suroeste), ubicados en la frontera con la provincia de Esmeraldas (norte de Ecuador).

"Esmeraldas es una de las provincias más violentas que tiene Ecuador. Esto se conecta con la información del reporte global de cocaína del 2023, donde habla que del puerto de Guayaquil parte cerca del 30 al 50 por ciento de la droga que es incautada en los puertos de Grecia y de Turquía, lo cual es gigantesco (...) Ecuador es observado como un espacio de bajo riesgo y de alta rentabilidad por el crimen organizado", agregó.

La situación de Ecuador evidencia que las economías ilícitas siguen consolidándose en la región, porque sigue creciendo su producción, explicó.

"Esta situación alimenta las redes de corrupción, de lavado de dinero, captando funcionarios públicos, fuerza pública, jueces y fiscales, sector privado (...) Se estima que cerca de 3.500 millones de dólares aproximadamente se lavan en la economía ecuatoriana y ese es el mayor riesgo que tiene no solo Ecuador, sino todos los países, y eso puede conducir a un incremento de violencia, corrupción y de lavado de dinero en diferentes espacios públicos y privados, generando justamente efectos catastróficos para el desarrollo de los países de la región", afirmó.

FRONTERA

Ante lo acontecido en Ecuador, Colombia y Perú decidieron reforzar el control en sus fronteras. Sin embargo, Cabrera dijo que es una "medida reactiva" que no ataca "cómo se crean los vínculos de la delincuencia organizada de carácter transnacional".

"No necesariamente estas medidas son efectivas. (...) Se está atacando el resultado, mas no necesariamente el origen de la enfermedad. Gran parte de la droga, armas o bienes que se están traficando, no pasan por pasos legales, que están controlados, entre comillas, por los estados. Y sobre eso no se ha dicho absolutamente nada. No hay una real vinculación en torno a fortalecer los controles fronterizos", agregó.

El 11 de enero, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, decretó el estado de emergencia por 60 días en varias zonas del norte fronterizas con Ecuador y Colombia.

Por su parte, el Gobierno de Colombia aumentó la seguridad en la frontera con Ecuador, confirmó el 10 de enero el director de la Policía Nacional, Nicolás Zapata.

ECUADOR

Con más de 7.000 homicidios, el 2023 fue el año más violento de la historia de Ecuador, que registró una de las tasas de asesinatos más altas de América Latina.

Tan solo hace cuatro años, Ecuador era uno de los países más seguros de la región.

"La situación que vive Ecuador es una consecuencia de la desinstitucionalización y de un diagnóstico débil y errado de parte de las autoridades de turno. Además, no se ha tenido un adecuado control de las cárceles, lo que también dio como resultado que finalmente, en vez de centros de detención, sean verdaderos centros logísticos de la delincuencia organizada, sobre todo de carácter transnacional", afirmó Cabrera.

El especialista consideró que los últimos gobiernos n han atacado las causas que facilitan el ingreso del crimen organizado a las comunidades.

"Si vemos donde está el problema, en las zonas donde están estos grupos delincuenciales no llega ni siquiera energía eléctrica o agua potable. Entonces, no necesariamente es un problema real de seguridad. Claro, es la manifestación más visible, pero principalmente es un problema de desarrollo y falta de oportunidades", reflexionó.

Por su parte, Andrade dijo que ante la situación geográfica "bastante frágil" que tiene Ecuador, el Estado debió depurar sus instituciones y fortalecer su sistema de antilavado, pero consideró que los anteriores gobiernos no lo hicieron.

"A partir del 2018 se toman una serie de decisiones que de manera directa o indirecta terminan fortaleciendo las estructuras de gobernanza criminal en diferentes espacios geográficos del país, pero también al interior de las prisiones. El tema más llamativo fue la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tenía a su cargo la gestión del sistema penitenciario, la compra de escáneres y la política de rehabilitación, entre otras", indicó.

Al eliminar este ministerio, se creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) y se redujo el presupuesto, generando que faltaran recursos para invertir en tecnología, controles y abastecer de alimentos y agua, afirmó.

Ya en 2022, el informe "Personas Privadas de Libertad en Ecuador", realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advertía sobre la "grave crisis penitenciaria" en la que estaba Ecuador, causada en gran parte por "el debilitamiento de la institucionalidad" y "el recorte del gasto público", provocando "la precarización de recursos humanos y materiales, sumado a la expansión del fenómeno de la corrupción a todos los niveles".

El lunes, el jefe de Gabinete de Perú, Alberto Otárola, confirmó que los cancilleres y ministros de Interior de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador llegarán a Lima para reunirse este domingo con sus contrapartes locales con el objetivo de discutir mecanismos de cooperación para abordar este tema.

Fuente: Sputnik