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C贸rdoba anunci贸 que cobrar谩 los operativos de seguridad a los padres de alumnos que hagan amenazas en escuelas

La medida impulsada por el ministerio de Seguridad provincial busca desalentar a quienes realicen falsas amenazas en establecimientos educativos. De este modo, el esquema prev茅 proteger los recursos p煤blicos y responsabilizar a los padres de los menores involucrados.

El Gobierno de la provincia de C贸rdoba estableci贸 un nuevo protocolo que obliga a quienes realicen falsas amenazas en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad.  

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Juan Pablo Quinteros, determin贸 que toda intimidaci贸n, ya sea una amenaza de tiroteo o una falsa alarma, tendr谩 consecuencias penales y econ贸micas para los responsables.

De este modo, a partir de ahora, cuando se active un operativo por una denuncia de este tipo, el Estado provincial cuantificar谩 los gastos generados por la intervenci贸n de las fuerzas de seguridad y avanzar谩 con un reclamo econ贸mico. En el caso de menores de edad, los costos deber谩n ser asumidos por sus padres o adultos responsables.

El protocolo contempla la participaci贸n de distintos organismos, entre ellos la Polic铆a de C贸rdoba, brigadas especiales, bomberos y 谩reas de investigaci贸n. Todos los recursos humanos y materiales utilizados ser谩n incluidos en el c谩lculo final del operativo.

Desde la cartera de Seguridad advirtieron que estas situaciones no deben ser tomadas como simples bromas, ya que generan alarma en la comunidad educativa, interrumpen el normal funcionamiento de las escuelas y desv铆an recursos clave destinados a la prevenci贸n del delito.

Adem谩s, remarcaron que cada falsa amenaza implica el despliegue de un importante dispositivo estatal que podr铆a estar siendo utilizado para atender emergencias reales en otros puntos de la provincia. Por eso, consideran fundamental que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca reforzar la seguridad en los entornos educativos y establecer una pol铆tica de tolerancia cero frente a este tipo de conductas, haciendo foco en la concientizaci贸n y en la responsabilidad social.

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