Tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas militares estadounidenses y la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela, el Gobierno activó un régimen de excepción para resguardar a la población en general y los sectores estratégicos estatales.

El decreto, que ya está vigente, ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de otras industrias básicas de la nación.