La muerte de Joaquín Ortega, ocurrida mientras pintaba postes de luz en el Municipio de San Miguel, administrado por Jaime Méndez, abrió un complejo frente judicial y político. El caso, que volvió a cobrar relevancia tras el testimonio de sus familiares en Crónica TV, puso el foco en las condiciones de contratación y seguridad de las cuadrillas que realizan servicios públicos en el distrito.

Según el relato de su madre y su hermano, el pasado 10 de mayo Joaquín se encontraba trabajando para la firma GE Group. Durante la jornada, una descarga eléctrica terminó con su vida y afectó a otros compañeros. La principal denuncia de los allegados radica en la ausencia de medidas mínimas de seguridad: aseguraron que los trabajadores no contaban con guantes aislantes ni calzado de goma reglamentario para tareas de riesgo eléctrico.

Una empresa bajo la lupa

La investigación judicial busca determinar la validez de la empresa contratada por el municipio. La familia de la víctima definió a GE Group como una "empresa fantasma", alegando que la fiscalía no pudo encontrar un domicilio físico legal para la firma.

Además, el entorno de Ortega señaló que la adjudicación de estas tareas de mantenimiento podría estar vinculada a relaciones de "amiguismo" entre los propietarios de la empresa y las autoridades municipales, lo que habría relajado los controles necesarios sobre la idoneidad de la contratista.

El reclamo de la familia

A casi un año del suceso, la causa cuenta con dos imputados: Aníbal Sidán y Agustín Brondo, responsables de la coordinación del personal. Sin embargo, la familia insistió en que la responsabilidad escala hasta la gestión del intendente Jaime Méndez, a quien le cuestionaron no haber garantizado que los subcontratistas mantuvieran al personal en regla y con el equipamiento correspondiente.

"No buscamos un resarcimiento económico, buscamos justicia por Joaquín", aclararon sus familiares al recordar una reunión con autoridades locales donde sintieron que no se dimensionaba la gravedad del pedido.

Situación actual

Mientras la justicia avanza en la recolección de pruebas y peritajes, el caso generó un fuerte llamado de atención sobre la precarización en la obra pública. El pedido de los damnificados es claro: que se garantice la transparencia en las licitaciones y que las empresas prestatarias cumplan estrictamente con las normas de seguridad para evitar que las tareas de mantenimiento urbano vuelvan a transformarse en tragedias.