La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, una de las dos CTA, convocó a una jornada de lucha el próximo 6 de diciembre para rechazar la reforma laboral que el gobierno está enviando al Parlamento. La protesta también será acompañada por la otra CTA, que lidera Hugo Yasky, desde donde aclararon que repudian "todo proyecto y acuerdo de reforma laboral que perjudique a los trabajadores".

La jornada de protesta incluye la convocatoria a un paro, corte de calles y una movilización desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.

Durante esa jornada, también se repudiará el proyecto oficial que establece cambios en el régimen de jubilaciones.

Asimismo, la Asociación de Trabajadores del Estado, liderada por Hugo Godoy, también convocó para la misma jornada a un paro nacional denunciando "precariedad y reducción salarial".

Schmid pone paños fríos

Ante esta propuesta de las dos CTA, que marcan una relación de dureza con el gobierno, desde un sector de la CGT decidieron poner paños fríos y se mostraron confiados en que la reforma no afectará el núcleo de derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo.

Desde esta central obrera, Juan Carlos Schmid consideró que "es una reforma distinta a la que se hizo en Brasil".

Una vez que se sancione, veremos si lo que promovió el Ejecutivo tiene el resultado que se espera, porque el argumento más sólido que hay es que hay que darles respuesta a los trabajadores precarizados que están en la economía y sería bueno que hablemos en seis meses para ver si se logró el resultado que se espera", agregó el dirigente del gremio de Dragado y Balizamiento.

Sin embargo, no toda la CGT está unificada, y sobre todo el sector conducido por Pablo Moyano promete dar pelea, y tendría reuniones la semana próxima para definir una postura más firme contra los cambios en las reglas laborales. De hecho, la posición intransigente del hijo de Moyano le valió en los últimos días un elogio por parte de Cristina Fernández de Kirchner.

La propuesta del gobierno recibió también el rechazo de la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), desde donde se dispuso el estado de alerta y movilización. "Están en riesgo sin duda 20.000 puestos de trabajo" en el sector público, indicaron, a la vez que anticiparon que marcharán al Congreso cuando se traten los cambios a la norma.

Para anticiparse a posibles conflictos en la provincia de Buenos Aires, por su parte la gobernadora María Eugenia Vidal les anunció a los gremios de estatales bonaerenses que pasará a planta permanente a 15.000 trabajadores contratados de manera transitoria, en un plan escalonado hasta el año 2019.

Asimismo, el gobierno, en un intento de desactivar otro foco de conflicto, avanzó en las negociaciones con el denominado "triunvirato piquetero" para establecer un programa de reparto de alimentos a través de estas organizaciones (la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la CTEP). El martes próximo habrá otro encuentro para delinear los detalles.

Lo que está en juego

La reforma laboral que está entrando en el Congreso sigue siendo objeto de arduas negociaciones entre el gobierno y la CGT, que nuclea a los sindicatos con más cantidad de afiliados.

Una de las discusiones es cómo se pagan los feriados y las horas extras. Otra, fundamental, es el cálculo de indemnizaciones, cuándo un trabajador externo es considerado fijo a la hora de su despido, una menor carga de contribuciones patronales para los empleadores a cambio de que blanqueen personal, el régimen de pasantías y el denominado "fondo de cese laboral", que será discutido convenio por convenio.