L a sindicatura designada por la Justicia en el concurso de la petrolera Oil Combustibles solicitó al juzgado comercial que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sea demandada por haber sido la responsable de la quiebra de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Los síndicos externos denunciaron que el organismo recaudador -durante la gestión de Alberto Abad, en los primeros años del gobierno de Mauricio Macri- "coadyuvó dolosamente en la insolvencia de la empresa", lo que significa que actuó por fuera de sus facultades con el objetivo de incrementar la deuda para que en algún momento se volviera incobrable en perjuicio de los acreedores. De comprobarse esa presunta maniobra, detectada a partir de una serie de decisiones que emanaron de AFIP en un concurso cargado de irregularidades, el organismo podría hasta perder todos sus créditos y ser condenado en el juicio de responsabilidad como si fuese un acreedor "hostil" que, además, provocó un perjuicio a las arcas públicas por el accionar de los funcionarios.

El estudio Capurro, Rosello y Zaragoza -designado para intervenir la petrolera por orden de la justicia cuando comenzó el caso Oil Combustibles- presentó al juzgado comercial un escrito de más de 70 carillas con prueba documental y anexos en los que pidió que se entable la demanda por daños y perjuicios a la AFIP. Acusó al organismo de haber perjudicado a los acreedores (incluyendo al propio Estado), antes en el concurso y después, en la quiebra. Los síndicos hicieron un repaso de la serie de medidas que la AFIP adoptó a partir de 2016, luego de haberla habilitado, en febrero, a ingresar en planes de pago por el ITC, pero que, un mes después, "en un giro de 180 grados que tuvo por inocultable objetivo a Oil", decidió excluirlo. Esto empujó a la empresa a declararse en concurso de acreedores, indicaron a la Justicia.

La sindicatura se preguntó entonces -en el escrito judicial- por qué si a 2016 todos los planes de pago por ITC estaban al día y no había mora (tal como lo determinó una pericia de la Corte ordenada en el marco del juicio oral), la AFIP entabló en marzo de 2016 más de 20 ejecuciones fiscales que trabaron embargos y le impidieron a la petrolera continuar operando. Pese al perjuicio que ocasionaron en ese momento al giro ordinario de la empresa, más tarde desistieron de continuarlos.

El día anterior a que Oil se presentara en concurso, Abad modificó "ad hoc" el régimen para empresas concursadas. Pese a que llevaba 15 años vigente, con bajas tasas y extensas cuotas, el ex funcionario restringió el procedimiento para contribuyentes que hubiesen sido denunciados en sede penal, tal como la propia AFIP había hecho semanas atrás. Para los síndicos, el objetivo fue "privar" a la petrolera del régimen de facilidades, lo que habría violado no sólo la igualdad ante la ley sino el principio de inocencia. Pero le agregaron que AFIP mostró en todo el proceso una "clara hostilidad". Del mismo modo, trabó medidas cautelares que están prohibidas por la ley concursal y mantuvo los embargos hasta que asfixió económicamente a la petrolera. Como corolario, también se opuso a aprobar la firma de contratos que hubiesen permitido que Oil retomara la actividad comercial a la vez que le había embargado el 100% de las cuentas bancarias.

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