Un matrimonio de argentinos recuperó la libertad tras su detención en la localidad española de Azuara, en Zaragoza, por vender pizzas caseras a 22 provincias, sin cumplir con “las condiciones higiénicas necesarias”, según informaron las autoridades españolas.

Aunque siguen imputados, no habrá deportación. La policía de Zaragoza explicó que la pareja “tenía mucho éxito y eran muy conocidos” por su negocio de venta a través de Internet y de distribución de pizzas caseras, que no cumplía con “las condiciones higiénicas” requeridas, no pagaba impuestos y tampoco contaba con las licencias y los permisos para esa actividad.

Sus pizzas era muy famosas en Zaragoza.

Sin embargo, “no hubo gente intoxicada”, detalló Serafín Giraldo, vocero de la policía española. “Habían creado una empresa en el garaje de su casa, en la comarca de Azuara. Tenían congeladores, maquinas de etiquetado y hasta su propio logo y nombre: se llamaba Pizza Aragón”, precisó.

Las ventas se realizaban vía Internet o a través de teléfonos celulares y se estima que en el último año la empresa repartió pizzas a 50 comercios de al menos 22 provincias de todo el país. En total, serían unos 12.000 kilos de mercadería que era trasladada en vehículos no aptos para mantener los alimentos en buen estado.

“Están en libertad provisional en espera del oportuno juicio. No pesa sobre ellos ninguna orden de expulsión”.

Muy bien equipados Durante el registro en el domicilio del matrimonio, sólo identificado por sus iniciales G.P.S. y C.E.C., fueron encontrados un horno de grandes dimensiones, una máquina amasadora, dos mesas de trabajo, dos envasadoras de vacío, dos congeladores, cuatro frigoríficos, numerosos rollos de etiquetado, bandejas de trabajo, útiles para la elaboración de pizzas, bolsas de envasado de pizzas, bolsas isotérmicas para transporte, materia prima, así como equipos electrónicos e informáticos.

El hombre, de 46 años y su mujer, de 45, habían sido detenidos el lunes pasado, tras una investigación que llevó más de un mes, aunque ayer dejaron la cárcel. “Están en libertad provisional en espera del oportuno juicio. No pesa sobre ellos ninguna orden de expulsión”, agregó el vocero policial, quien aclaró que quedaron imputados de un “delito contra la salud pública porque no tenían las condiciones higiénicas”.

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