El gobierno de España aprobó este viernes el primer ingreso mínimo vital a nivel nacional, con el que pretende llegar a 850.000 hogares que se encuentran en situación o riesgo de pobreza, y formar un "escudo social" frente a la crisis del coronavirus.

La medida, que estaba incluida en el acuerdo de programa del gobierno de coalición formado por el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), se aceleró ante las consecuencias económica de la pandemia, que encaminó a España hacia la recesión y disparó el desempleo.

"Hoy nace un nuevo derecho social en España", proclamó el vicepresidente del gobierno y líder de la izquierda radical de Podemos, Pablo Iglesias, tras aprobarse la medida en consejo de ministros. Según explicó, la renta mínima vital garantizará 462 euros al mes (515 dólares) a un adulto que viva solo.

En el caso de las familias, a este mínimo se sumarán 139 euros (155 dólares) al mes por cada persona adicional, adulto o niño, con un máximo de 1.015 euros por hogar (1.130 dólares).

La renta mínima será compatible con otros ingresos, de manera que si alguien tiene un empleo de baja remuneración, recibirá un complemento hasta alcanzar los umbrales previstos en el dispositivo aprobado este viernes.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social detalló a su vez en un comunicado que con este dispositivo "la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar", es decir unos 11.220 dólares.

Detalles gubernamentales

El gobierno explicó que espera atender a 850.000 hogares en los que viven 2,4 millones de personas, un 30% de las cuales son menores. De momento, en junio, se espera que unas 100.000 familias se beneficien de la medida.

El ingreso mínimo vital era una promesa del ejecutivo de coalición formado por los socialistas y Podemos, que se ha visto "obligado a acelerar la implementación" ante la crisis del coronavirus, indicó Iglesias.

Y es que el parón económico envió al desempleo a cientos de miles de personas y disparó la pobreza de forma más aguda que cuando la crisis de 2008, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria en España.

Por primera vez en sus vidas, muchas familias, sobre todo en Madrid, están teniendo que pedir comida en parroquias y asociaciones de vecinos.

Números y objetivos

El gobierno enfatizó que con la medida, presupuestada en 3.000 millones de euros anuales (3.340 millones de dólares), quiere eliminar la pobreza extrema, que según sus cálculos afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas.

Precisamente, en febrero, el Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza, Philip Alston, dijo al término de una misión que España le estaba "fallando por completo a las personas que viven en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea".

El ministro español de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicó que en el caso de España se reduce "mucho menos" que en otros países vecinos la tasa de pobreza extrema después de las transferencias públicas, quedando en un 9%, frente a una media europea del 5,4%.

Durante el primer mes de vigencia del ingreso mínimo, el Gobierno actuará de oficio con la intención de llegar rápidamente a unos 100.000 hogares que cumplen con los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten.

De acuerdo con el gobierno español, esta ayuda "supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas" que viven con entre 245 y 362 euros al mes.

Pueden pedir esta ayuda hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales, siempre que la persona tenga entre 23 y 65 años y lleve al menos tres años constituido el hogar. Cuando es una pareja, el hogar debe estar formado desde hace un año.

Se requiere también al menos un año ininterrumpido de residencia legal en España, excepto para las personas vulnerables en situaciones de violencia de genero o explotación sexual.

En ese sentido, el gobierno central quiere que el ingreso mínimo vital sea un "mínimo nacional" que luego cada comunidad decidirá como complementar, para liberar recursos para las regiones.

El ingreso mínimo será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo, de forma que los beneficiaros podrán realizar trabajos temporales o por cuenta propia sin perder la ayuda hasta alcanzar un determinado nivel de ingresos.

Se busca evitar así las denominadas "trampas de la pobreza" que se producen cuando los subsidios son incompatibles con el empleo y lo desincentivan.

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