Torturas en Malvinas: la cuenta que le falta pagar a la última dictadura
Pese a que se han realizado denuncias y abierto causas por el calvario que sufrieron muchos soldados a causa de sus jefes militares, 41 años después del conflicto bélico no hay condenas al respecto. Es otro capítulo de los crímenes de Estado que se cometieron entre 1976 y 1983.
Con el final de la Guerra del Atlántico Sur, como se conoce oficialmente al enfrentamiento bélico entre la Argentina y Gran Bretaña por nuestras Islas Malvinas entre abril y junio de 1982, comenzó también el camino de salida de las Fuerzas Armadas del gobierno nacional rumbo a la vuelta de la democracia.
Numerosos crímenes de Estado cometidos entre el golpe cívico-militar de 1976 y el 10 de diciembre han sido denunciados, juzgados y condenados, pero queda una gran cuenta pendiente: las torturas y abusos que sufrieron cientos de soldados conscriptos a manos de sus jefes durante la estancia de las tropas en las islas.
Se realizaron varias denuncias y se abrieron causas, no obstante lo cual el avance de esos expedientes ha sido escaso a lo largo de muchos años. Además de haber sido llevados a combatir sin el suficiente entrenamiento, la gran mayoría de los conscriptos pasó frío y hambre por desidia y desinterés de sus superiores.
Algunos de los soldados además fueron sometidos a golpes, estaqueamientos, enterramientos hasta el cuello, "submarinos", hasta picaneo con teléfonos, entre otros tipos de humillaciones por quedarse dormidos en un puesto de guardia o por dejar un lugar en busca de comida, en tanto que los oficiales comían regularmente.
También se denunciaron delitos sexuales y de discriminación racial y religiosa, y que algunos de los soldados que oficialmente figuran como "caídos en combate" en realidad murieron como consecuencia de tormentos aplicados por sus superiores jerárquicos.
Hubo causas que se consideraron prescriptas por el paso del tiempo, pese a tratarse de violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado, que son imprescriptibles. Esto ha sido apelado a la Corte Suprema de la Nación, que no tiene plazos para pronunciarse y hasta el día de la fecha no lo ha hecho.
Más allá de la suerte que finalmente corran estos juicios, es necesario que la opinión pública tenga claro la magnitud de lo que se hizo contra cientos de jóvenes que fueron a luchar contra una potencia militar que además de ser superior contaba con el respaldo de la OTAN, muchos de los cuales a su regreso además sufrieron la indiferencia de la sociedad.

