Los investigadores que lograron desbaratar varias bandas narco que operaban en al menos trece ciudades de Santa Fe, aseguraron que el miércoles último aceleraron la detención de 30 de sus integrantes debido a que se esperaba una “escalada de violencia para los próximos días en Venado Tuerto o en varios puntos de la provincia, informaron fuentes judiciales.

Por ese motivo, se realizaron 65 allanamientos simultáneos en el marco de seis causas en las que se investiga a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que actúan en la mencionada ciudad y en Firmat, Juncal, Wheelwright, Paraje Villa Divisa de Mayo, Hughes Casilda, Chabás, Rosario y en Inés Indart, partido de Salto, en la provincia de Buenos Aires.

Gendarmeria Nacional trabajó en los procedimientos.


De acuerdo con la pesquisa que lleva adelante el fiscal federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, la banda que registra el mayor volumen de movimiento en las operaciones actúa en esa ciudad y se cree que está encabezada por el imputado Mauro Nahuel Novelino, quien está cumpliendo una condena en la Unidad Penitenciaria de Piñero por hechos anteriores y tiene además antecedentes por infracción a la ley de drogas.

Dinero en efectivo incautado. 


De acuerdo al sitio web fiscales.gob.ar, la sospecha de los investigadores es que el detenido seguía operando a través de su pareja, Jésica Paola Flores, quien hasta hace dos días se encontraba en libertad condicional en la misma causa que él está preso.

Tres de los allanamientos fueron realizados en el penal de Piñero, desde donde el sospechoso coordinaría la provisión de material estupefaciente, su distribución, la recaudación del producido y la adquisición de bienes, entre otras.

De acuerdo a la fiscalía, las órdenes eran particularmente ejecutadas por Flores y otras personas que integraban su círculo de confianza.

Entre las tareas que les requería desde la prisión, se encontraban realizar algunos “patrullajes” para detectar los movimientos de sus “enemigos” y de las fuerzas de seguridad y se orientaban particularmente a la identificación de vehículos, detectar posibles allanamientos y el personal que las integraba.

Personal que forma parte del operativo. 


Los investigados manejaban grandes volúmenes de estupefacientes, armas y dinero, que eran principalmente resguardados en autos o ciclomotores que, a su vez, permanecían en distintas cocheras y eran asiduamente cambiados de lugar.

Las bandas delictivas movilizaban grandes sumas de dinero.


En los últimos días, debido a la “escalada de violenciade la organización comandada por Novelino, el fiscal Arzubi Calvo solicitó al juez Aurelio Cuello Murúa la intervención en directo de siete líneas telefónicas, ante la posibilidad de que concretaran hechos graves en Venado Tuerto u otras ciudades.

Otra de las organizaciones desbaratadas tenía su base en Firmat, donde la Policía de Santa Fe realizó más de 15 allanamientos.

De acuerdo a la pesquisa, los imputados -algunos con causas en trámite relacionadas por infracciones a la ley de drogas-, se proveían de estupefacientes en Casilda, Chabás y Rosario.

Otra de ellas se asentaba en la localidad de Wheelwright, y se estima que era provista de material estupefaciente -principalmente cocaína- desde Rosario, que luego era introducida a través de un proveedor de Juncal.

En los operativos realizados el miércoles intervinieron Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de Santa Fe.

Los efectivos se incautaron de cocaína, marihuana, elementos de fraccionamiento y corte, balanzas, plantas, moneda nacional y extranjera, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y vehículos.


En el marco de las seis causas se encuentran individualizadas e imputadas unas 60 personas y a lo largo de las investigaciones fueron intervenidas alrededor de 80 líneas telefónicas y, por el momento, fueron detenidas 30 personas.

Estos expedientes se iniciaron luego de denuncias formuladas por ciudadanos cuya identidad se mantiene reservada en el marco de la ley de drogas y mediante los “Buzones de la Vida”, donde vecinos denuncian de manera anónima información sensible vinculada al tráfico y comercialización de estupefacientes o la trata de personas con fines de explotación sexual.

Los buzones están ubicados en edificios de los gobiernos locales, se accede sin presencia de personal de las fuerzas de seguridad y son abiertos una vez al mes.

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