Un insólito conflicto territorial mantiene en vilo a los vecinos de la zona de Gualjaina, a unos 60 kilómetros de Esquel, en la provincia de Chubut. El tránsito por la ruta provincial 12 se vio seriamente afectado luego de que particulares decidieran instalar una estructura metálica, especie de tranquera sobre el asfalto. La medida, que incluye un portón de hierro, generó una fuerte polémica y denuncias de vecinos que aseguran haber quedado completamente aislados por este bloqueo en una vía que debería ser de libre circulación.

Si bien las primeras versiones que circularon en la región apuntaban a un inversor norteamericano que habría comprado tierras en la zona, la realidad detrás del conflicto parece ser otra.

Luciana Zárate, dueña de los campos que se encuentran a ambos lados de la ruta, asumió la responsabilidad de haber colocado la tanquera. La mujer desmintió la presencia de extranjeros y aseguró que son "gente trabajadora" defendiendo lo que consideran su propiedad privada, ya que el asfalto pasa literalmente por el medio de su campo.

Asegura que, para que el camino sea considerado de uso público definitivo, el Gobierno de Chubut debe realizar primero el proceso de expropiación correspondiente. "Llegaremos a un acuerdo para el uso público, pero mientras eso no ocurra, la tranquera permanecerá donde está", sentenció Zárate. Según su visión, el Estado tiene una deuda administrativa con ellos y, hasta que no se regularice la situación legal de las tierras, mantienen el derecho sobre el trazado.

Desde el Gobierno provincial confirmaron que existe un litigio de larga data relacionado con la regularización de esos predios. Según explicaron fuentes oficiales, la construcción de la ruta provincial 12 quedó trunca en su momento y nunca se terminó de cumplimentar el trámite judicial de expropiación. Esta desprolijidad administrativa hoy le da argumentos legales a los pobladores para sostener que están actuando bajo su derecho, aunque la medida afecte a terceros.

Inseguridad

Más allá de la disputa por la tierra, los dueños del campo argumentan que la decisión de colocar la tranquera tiene un trasfondo de inseguridad. Denunciaron que en los últimos meses fueron víctimas de constantes delitos rurales, asegurando que les robaron más de 30 animales. Para ellos, el portón funciona como un método de control preventivo para evitar que los delincuentes entren y salgan de sus propiedades con total libertad a través de la ruta.

Sin embargo, del otro lado de la reja, la situación es desesperante para varias familias. Vecinos de la zona denunciaron a través de las redes sociales que la estructura impide el paso normal de vehículos y que se han encontrado con "matones" que restringen el acceso. Afirman que la ruta es pública y que nadie tiene la potestad de decidir quién pasa y quién no, especialmente cuando hay personas que necesitan el camino para abastecerse o por emergencias médicas.

Zárate intentó bajarle el tono a la denuncia de aislamiento asegurando que el portón "está sin candado" y que el tránsito vehicular, en teoría, está permitido. No obstante, para quienes transitan habitualmente por allí, el solo hecho de tener que detenerse y manipular una estructura privada en medio de una ruta provincial genera temor y malestar.

Por su parte, los voceros de comunidades mapuches denunciaron: "Si hubiésemos sido las comunidades las que cortábamos la ruta, ya nos hubiesen desalojado".

La Justicia por el momento no tomó ninguna medida. 

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy