Por Jimena Golender

El Gobierno envió este lunes al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil con el objetivo de que esta semana sea debatido en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados. El punto clave de la iniciativa gira en torno a la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, pese a que el consenso entre legisladores de distintas fuerzas indica que se establecería a los 14.

Mientras se aguarda por la conformación de las comisiones que aún están pendientes: Justicia y Familia, Juventudes y Niñez; ya están integradas las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal y son presididas por diputados de La Libertad Avanza (LLA).

La edad mínima de imputabilidad es uno de los ejes de la agenda oficialista en materia de seguridad y esta semana podría obtener los apoyos necesarios en el Congreso para que los delincuentes menores de 16 años puedan ser juzgados. "Es empezar a combatir la fiebre de esta enfermedad que es la delincuencia", consideró en diálogo exclusivo con cronica.com.ar el abogado especialista en derecho penal y ex juez de Tribunal en lo criminal de La Matanza, Alfredo Drocchi.

Actualmente, la edad de imputabilidad es a los 16 años, según lo establecido por el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980. Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años.

Para el experto en derecho penal, el ordenamiento jurídico "ya resolvió desde 1870 en el Código Civil de Vélez Sarsfield y el vigente Código Civil y Comercial, en su artículo 261 inc.b) que los actos de los mayores de 10 años son voluntarios. Así también lo sostenía el padre del derecho Penal liberal, el maestro Francesco Carrara en 1848. De manera que los niños a partir de esa edad saben lo que está mal, por ejemplo matar, robar dañar, escupir a una persona, etc".

"Entonces, para cuidar al propio infante de sí mismo a sus pares y a la sociedad, necesita al comienzo de su entendimiento límites, para que no se convierta en delincuente", afirmó Drocchi y añadió que es el Estado el que "debe actuar con medidas administrativas desde los 10 años ante el primer desvío del niño y a los 12 con la Ley Penal si cometió delito, y no que espere que a los 16 años, luego de acumular varios crímenes, se intente una resocialización tardía dado que el niño ha naturalizado hacer cosas malas".

El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que se debatirá este miércoles es el mismo que el Gobierno presentó el 28 de junio de 2024, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En ese momento, se explicaba que, "por decisión del Presidente (Javier) Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente".

La baja de la edad de imputabilidad formó parte del debate político y público durante años, pero esta vez podría obtener finalmente luz verde en el Congreso. 

Por su parte, el abogado penalista Martín Francolino aseguró que "la persistencia de esta propuesta en la agenda política argentina no es novedosa; remite a un ciclo recurrente de reformas penales reactivas, impulsadas por oleadas mediáticas y electorales desde al menos la década de 1990, con picos en gobiernos como el de Mauricio Macri, donde se intentó sin éxito una baja similar mediante el proyecto de "Régimen Penal de la Minoridad".

Sin embargo, en el contexto actual, las probabilidades de aprobación "parecen incrementadas por una confluencia de factores estructurales y coyunturales que alteran el equilibrio de fuerzas en el Congreso y en la opinión pública".

El oficialismo "ha consolidado una mayoría relativa en ambas cámaras tras las elecciones intermedias. A diferencia de intentos previos, donde la fragmentación opositora bloqueaba el debate, aquí hay un consenso amplio entre el oficialismo y sus aliados. Esto acelera el proceso", señala el experto.

El segundo factor -aclaró Francolino- tiene que ver con el contexto coyuntural: "La viralización de casos de alto impacto mediático, como el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe a fines de 2025, ha reactivado el discurso de 'tolerancia cero' al delito, articulando una narrativa que vincula la inseguridad con la supuesta 'impunidad' de menores. Esto no es casual".

Asimismo, el abogado penalista destacó que esta ventana de oportunidad para bajar la edad de imputabilidad en Argentina se alinea con tendencias regionales en materia juvenil, "como en Brasil, con bajas a 12 años en ciertos delitos, o México, pero acá el proyecto original proponía 13 años, y el dictamen de 2025 lo fijó en 14 por presiones de aliados moderados, lo que reduce resistencias internas". 

Así las cosas, habrá que esperar al miércoles para conocer la edad mínima que obtendrá el consenso. Hasta el momento, todo parece indicar que esta se establecerá en los 14 años.

Qué dice la Reforma Penal Juvenil que impulsa el Gobierno

El texto de la norma presentada en el Congreso mantiene la intención de bajar la edad de punibilidad a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, se establece un régimen penal juvenil distinto al de adultos, con penas máximas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

Respecto al proceso penal, el texto aclara que en el caso de los menores hasta 15 años, el juez puede determinar medidas de privación de libertad en casos graves, pero se busca priorizar la resocialización. Para los delitos menores, se contemplan penas no privativas de libertad, tareas comunitarias y reparación del daño.