Un giro clave tendrá la investigación y el juzgamiento de diversas conductas criminales dentro del territorio porteño. Los ministros de Justicia de la Nación Juan Bautista Mahiques y de la Ciudad Gabino Tapia, sellaron este viernes un acuerdo institucional para transferir una importante cantidad de delitos al fuero local.   

"Con este nuevo convenio podremos seguir consolidando políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una Justicia eficiente y cercana para los porteños", sostuvo Tapia.

El traspaso de competencias penales permitirá a los Tribunales de la Ciudad juzgar abusos sexuales, amenazas y causas con menores involucrados. De esta manera, el gobierno porteño busca acelerar los tiempos judiciales y consolidar la autonomía en el territorio del distrito.

La medida representa el cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales, un avance que se complementa en paralelo con el traspaso del área criminal y correccional de menores de edad. El objetivo de las autoridades es avanzar de manera definitiva hacia la descentralización de las estructuras de los Tribunales nacionales.

Las fiscalías y juzgados porteños pasarán a liderar expedientes vinculados directamente a los delitos contra la integridad sexual. Esto incluye las investigaciones por abuso sexual, corrupción de menores y explotación de la prostitución. 

Los casos que involucran amenazas, violaciones de domicilio y privaciones ilegítimas de la libertad también quedarán bajo la exclusiva responsabilidad de los fiscales de la Ciudad. 

La unificación de estos criterios penales agilizará el dictado de medidas de protección urgentes para las víctimas de violencia o coacción. El cambio evitará las recurrentes discusiones de competencia territorial entre diferentes dependencias del Poder Judicial.

El catálogo de nuevas responsabilidades abarca también las denuncias vinculadas a calumnias e injurias, englobadas dentro de las figuras contra el honor. Se llevaran adelante las causas por infracciones a las normativas de propiedad intelectual y seguridad vial en los medios de transporte. 

Incluso se sumará el seguimiento de infracciones específicas como la preservación de fauna y el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.

Situación de los menores de edad que cometen delitos

Una de las modificaciones más estructurales del entendimiento se enfoca en el tratamiento judicial de la totalidad de las conductas delictivas no federales cometidas por menores. El nuevo esquema abarca la franja de adolescentes imputables que tienen entre 14 y 18 años de edad.

Las autoridades locales deberán diseñar los dispositivos institucionales pertinentes para procesar estos expedientes bajo la órbita de su propia estructura.

La reforma alcanzará del mismo modo a los menores de 14 años que resulten involucrados en episodios delictivos en la vía pública. Para este sector de la población infantil, el convenio contempla la aplicación inmediata de un régimen de intervención tutelar especializado. Este abordaje específico buscará coordinar las respuestas asistenciales y preventivas de forma directa con los organismos de protección social.

La puesta en marcha efectiva del nuevo sistema de persecución penal quedará supeditada a pasos institucionales obligatorios durante los próximos meses. Tanto el Congreso de la Nación como la Legislatura de la Ciudad deberán ratificar el contenido de las actas firmadas por los ministros. 

La implementación final requerirá además la confección de convenios complementarios que garanticen el flujo y la transferencia de los recursos económicos necesarios. El presupuesto asignado financiará la apertura de nuevas dependencias, la contratación de personal técnico y el sostenimiento de la infraestructura carcelaria y tutelar. 

Delitos que se transfieren a la Ciudad

• Contra el honor:  Calumnias e Injurias 
• Contra la integridad sexual: abusos, corrupción de menores, promoción o facilitación y explotación de la prostitución, rapto.
• Contra la libertad: educción a la servidumbre; sustracción de menores; secuestro; amenazas.
• Contra la seguridad del tránsito y medios de transporte
• Contra la ley de propiedad intelectual.
• Contra la ley de medicina veterinaria: ejercicio ilegal de la profesión) y contra la protección y conservación de la fauna silvestre.