La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita, lavado de activos y dádivas en la causa "Los Sauces", acusada de simular contratos de alquiler para encubrir retornos de contratistas del Estado.

Además, la sala I del Tribunal de Apelaciones confirmó los procesamientos de los hijos de la senadora electa, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia, de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y del detenido Lázaro Báez y sus hijos Luciana, Leandro y Martín Báez, entre otros, según el fallo de 195 carillas.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero concluyeron que "detrás del acto fundacional" de Los Sauces por parte de la familia Kirchner se buscó "acaparar una ración del dinero que Cristina Fernández, desde la cúpula del dominio estatal envió transitando por entes intermediarios a su propio negocio", según la resolución.

Los acusados "han tejido minuciosa y detalladamente un complejo andamiaje alrededor de cada una de estas sociedades para disimular el objetivo ulterior que confluye en el recorrido del dinero, entregado por sujetos que actuaron investidos por la ley para administrar  el Estado Federal "Cristina Fernández-  al  área privada "Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa-", remarcaron.

Una parte de este dinero se incorporó a "Los Sauces SA" "cuya titular, en su matriz privada resultó la misma Fernández (aquí en su aspecto inverso al público) junto a sus hijos Máximo y Florencia", advirtieron los camaristas. 

En el fallo se dio por probado el "armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos" y otras maniobras ilícitas para ingresar dinero proveniente de maniboras defraudatorias "al patrimonio de los ex presidentes" mediante los alquileres de propiedades de su sociedad "Los Sauces".

"Habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos", agregaron.

Los camaristas dictaron la falta de mérito de la ex presidenta y otros procesados por uno de los delitos que había usado para procesarla el juez del caso, Claudio Bonadio, "negociaciones incompatibles" con la función pública.

Además, avalaron su decisión de declararse incompetente y girar la causa a su par Julián Ercolini, a cargo de otras dos pesquisas, el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez donde ya está procesada la ex Presidenta y Hotesur, una causa en la que ya fue indagada y debe definirse su situación procesal.

De esta manera, Ercolini será el encargado de enviar a juicio a todos los acusados.
En lo referido a la ex presidenta, la Cámara confirmó su procesamiento como presunta "jefe" de asociación ilícita en concurso real con lavado de activos y admisión de dádivas.

Además, le dictó la falta de mérito por "negociaciones incompatibles" y redujo su embargo de 130 millones de pesos a 110 millones.

En cuanto a su hijo mayor, el diputado nacional Máximo Kirchner, los camaristas confirmaron también su procesamiento como supuesto jefe de asociación ilícita y lavado de activos y avalaron el embargo de 130 millones de pesos dictado en su contra.

Sobre Florencia Kirchner, la hija menor, quedó acusada como miembro de una asociación ilícita y lavado de activos con un embargo de cien millones de pesos.

En cuanto a los empresarios el Tribunal agravó la situación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del grupo Indalo, ya que llegaron procesados como organizadores de asociación ilícita y les sumó el delito de lavado de activos y ofrecimiento de dádivas
Los dos empresarios quedaron embargados por 130 millones de pesos.

Respecto al ya detenido santacruceño Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, también quedó acusado como organizador de una asociación ilícita lavado de activos con un embargo de 110 millones de pesos.

La situación de dos de los hijos del empresario, Luciana y Leandro, quedó algo aliviada ya que la Cámara les dictó la falta de mérito por asociación ilícita y los dejó procesados como partícipes necesarios de lavado de activos.

Distinta fue la situación del mayor de los hijos varones de Báez, Martín, cuyo procesamiento como miembro de una asociación ilícita y lavado de activos quedó confirmado.

Los camaristas también confirmaron el procesamiento, en este caso, con prisión preventiva del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

Además quedaron procesados la presidenta de "Los Sauces" e hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, Romina Mercado, como miembro de asociación ilícita y lavado de activos y el empresario Osvaldo Sanfelice, en su caso como organizador de la banda delictual.

La Cámara encomendó a quien será el nuevo juez del caso, Julián Ercolini, embargar a las personas jurídicas que aparecen en la causa, entre ellas Los Sauces S.A., Loscalzo y Del Curto S.R.L, Kank y Costilla S.A., Valle Mitre S.A., Austral Construcciones, Negocios Patagónicos S.A., Negocios Inmobiliarios S.A., Idea S.A., Inversora M&S S.A. y Álcalis de la Patagonia S.A..

Según la investigación, a través de la sociedad familiar "Los Sauces", los Kirchner alquilaron propiedades a empresarios beneficiados con la obra pública en su gobierno, como Báez, López y De Sousa, y estas rentas encubrieron el presunto pago de dádivas por parte de los mismos a cambio de esas adjudicaciones.

Según la Cámara, los hechos delictivos tienen amplios puntos comunes con la causa por el direccionamiento de la obra pública vinculada a la corrupción en Santa Cruz y por eso avalaron que Ercolini se haga cargo también de "Los Sauces".

Cristina Kirchner juró como senadora nacional procesada y enviada a juicio oral en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno y además procesada en la causa por corrupción en la obra pública en Santa Cruz y en Los Sauces.

Además, fue indagada en Hotesur y en la investigación por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes prófugos por el atentado a la AMIA, dos pesquisa en las que debe definirse su situación procesal.

Fuente: Télam