La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este jueves, a partir de las 10, en la que se debatirá el proyecto de Ficha Limpia que busca prohibir que personas condenadas por corrupción sean candidatos a cargos nacional. El llamado a discutir la iniciativa en el proyecto se produjo luego de que el oficialismo y sus aliados no alcanzaran el martes pasado el quórum necesario.

Mientras el Congreso cumple con la última semana del período ordinario, la sesión especial fue pedida por los jefes de bloque del PRO, Cristian Ritondo; de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni; y de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo. Junto con Ficha Limpia, el temario incluye los proyectos de Reincidencia y Reiterancia, Votación de los argentinos en el exterior, Juicio penal en ausencia del imputado.

Entre las firmas que acompañaron el pedido de sesión especial aparecen 65 diputados de casi todos los bloques. Algunos de ellos, inclusos, estuvieron ausentes en la sesión de la semana pasada por diversas razones. Tal es el caso de Alejandro Finocchiaro, Aníbal Tortoriello, José Núñez y Mónica Frade.

En cambio, no firmaron diputados de Encuentro Federal y Democracia para Todos, pese a que la mayoría de sus miembros estuvo sentado en sus bancas durante la sesión que se frustró por falta de quórum.

"Cuando hay un robo de un niño, venimos a modificar la Ley de Trata; cuando hay incendios intencionales, venimos a subir las penas. En una Argentina carcomida por la corrupción, donde hay miles de millones que faltan porque se la robaron, se robaron las vacunas, en vez de venir prestos, nos demoramos ocho años", dijo en aquel momento Silvia Lospennato, diputada del PRO y autora del primer proyecto de Ficha Limpia en 2016.

A su turno, la legisladora radical Karina Banfi consideró que se deja ver "con claridad" quienes "están a favor de la transparencia de los servidores públicos y quienes no". Y agregó: "Es increíble que hayamos naturalizado convivir con gente que roba la plata de los argentinos, que tengamos que convivir con personas que tienen condena. La ficha limpia es una respuesta a este reclamo, y lo vamos a intentar una y otra vez".

Entre sus principales puntos, el dictamen de mayoría -perteneciente al PRO- establece que la inhabilitación para ocupar cargos correrá "desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. La confirmación de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación.

En principio, quedarían incluidos los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El dictamen de minoría, a cargo de Unión por la Patria, plantea que que las condenas quedan firmes únicamente cuando la última instancia se expide; es decir, la Corte Suprema. Además, suma a la lista diferentes delitos económicos.