La Cámara de Casación define si Cristina Kirchner puede recibir visitas sin autorización previa en su prisión domiciliaria
La Sala IV de la Cámara de Casación resolverá si se flexibiliza este régimen, tras la apelación de la defensa de la ex mandataria elevada este martes.
Este martes, la Cámara Federal de Casación Penal informó que revisará el régimen de visitas de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena en prisión domiciliaria, precisamente en la vivienda de la calle San José 1.111, ubicada en el barrio porteño de Montserrat.
Los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, serán quienes decidirán lo que rechazó el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) 2, precisamente el pedido de la defensa de la ex mandataria, solicitando que puedan visitarla a su domicilio sin pedir permiso previo a la Justicia.
Los jueces del TOF 2, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, permitieron que Cristina Kirchner cuente solo con las visitas que integran el grupo familiar, la custodia policial, sus profesionales médicos y abogados que la representan.
Sin embargo, los abogados de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apelaron a la resolución rechazando la idea de que cada persona que la visite en su departamento de Constitución tenga que recibir una autorización judicial previa.
Además, justificaron que "la situación de las personas que, sin ser familiares, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”.
“Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, planteó la defensa de Cristina.
Vale recordar que la ex presidenta comenzó el último martes a cumplir la pena de seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por corrupción, tras ser notificada por la justicia que podrá cumplir su sentencia en su domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
La defensa de Cristina Kirchner había presentado un escrito ante la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar su proscripción, adelantando que también podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

