La multitudinaria marcha del 24 de marzo, en ocasión del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, tuvo un ingrediente especial. Las columnas de la agrupación La Cámpora, que como lo hacen todos los años marcharon desde la ex sede de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) hasta la Plaza de Mayo, se desviaron unas cuadras para pasar frente al domicilio de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Allí se detuvieron para saludar a su líder, que respondió asomándose al balcón y entregando un simbólico pañuelo para que los manifestantes lo llevaran en su nombre.

El hecho irritó a los fiscales que intervinieron en la causa Vialidad. Por eso Diego Luciano y Sergio Mola realizaron una presentación ante el Tribunal Oral Federal número 2, que juzgó a la ex Presidenta y que supervisa la ejecución de la condena.

En el texto, ambos funcionarios solicitaron a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso que efectúen un llamamiento a Cristina Kirchner para evitar situaciones que puedan afectar el orden público y la seguridad en las inmediaciones de su domicilio.

Luciani y Mola recordaron que el 17 de junio de 2025 el tribunal le concedió el arresto domiciliario a la ex jefa de Estado bajo determinadas condiciones. Entre ellas, la obligación de "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes". Esa pauta fue reiterada en los controles periódicos realizados por el TOF 2, con resoluciones dictadas en septiembre y diciembre de 2025, y en marzo de este año.

Los fiscales afirmaron que, según publicaciones en medios y redes sociales abiertas, la convocatoria del 24 de marzo no habría sido "totalmente espontánea". Indicaron que "al menos en parte, no se trató de ciudadanos que motu propio se autoconvocaron en el domicilio" de la ex mandataria de la concentración, y acompañaron imágenes y registros del llamado que hicieron agrupaciones políticas.

"Nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada", planteó la fiscalía.

Al respecto, cabe recordar que el TOF 2 ya cambió las condiciones de detención de Cristina Kirchner en noviembre del año pasado, luego de que se fotografiara con un grupo de especialistas en economía que había ido a visitarla a su lugar de detención para hacer una evaluación de la situación en esa materia. En esa oportunidad, ante lo que entendieron un exceso, los jueces limitaron la cantidad de visitas a tres personas por vez, dos veces a la semana y con una duración máxima de dos horas por sesión. Las visitas deben ser solicitadas previamente indicando nombre, motivo, fecha y hora. No se incluye en ese rango las entrevistas con abogados defensores o al personal médico, que tiene libre acceso autorizado.

Cristina Kirchner está condenada en el marco de la causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su mandato como Presidenta de la Nación. En ese marco, la sentencia le impuso una pena de seis años de prisión, más inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.