Cuando están por cumplirse dos semanas del comienzo del escándalo de la criptomoneda $Libra, que puso al presidente Javier Milei en el ojo de la tormenta, impulsores de las denuncias contra el primer mandatario por presuntos delitos de estafa y asociación ilícita exigen que se active la investigación ya que temen que la presión política paralice la investigación en el ámbito judicial, donde se presentaron más de cien denuncias y muchas de las cuales quedaron a cargo de la jueza federal María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Taiano.

El economista Claudio Lozano, uno de los primeros denunciantes, alertó que, al demorar la recolección de pruebas, se está perdiendo un tiempo clave para la investigación que incluso puede permitirles a los que se han hecho de la millonaria suma -más de 100 millones de dólares- que triangulen el dinero. 

Lozano presentó junto con el abogado Jonatan Baldiviezo una de las primeras denuncias ante la justicia federal por el escándalo de $Libra, que apunta no sólo al Presidente, sino también a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, así como también al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por haber republicado el tuit donde el jefe de Estado promocionaba la inversión en la criptomoneda. 

“Además planteamos el tema del delito de estafa y defraudación, violación a los deberes de funcionario público, el delito de violación de la Ley de Ética Pública, y pedimos un conjunto de acciones inmediatas para producir pruebas”, explicó Lozano, quien también fuera diputado nacional. 

En la denuncia también se solicitó el allanamiento de la quinta de Olivos, la Casa Rosada y los domicilios de los implicados para secuestrar teléfonos, tablets, computadoras y otros elementos electrónicos que puedan estar involucrados en el caso. Sin embargo, Lozano manifestó preocupación por las demoras de la Justicia en avanzar en la toma de pruebas y la investigación en una etapa inicial y de forma veloz, lo que es fundamental para detectar no sólo a los responsables, sino también para identificar los movimientos del dinero, un asunto clave cuando se investigan presuntos delitos financieros.

En este sentido, dijo que hay un tema central al que prestarle atención. “Si el Poder Judicial y el Poder Legislativo no pueden discriminar entre el accionar ilegal de Javier Milei y la legalidad del Estado, las demandas que están planteadas y las que se hacen a nivel internacional van a ir sobre el Estado argentino para pedir que el Estado se haga responsable de compensar a quienes han perdido en esta estafa”, sostuvo, al tiempo que afirmó que debe ser el Presidente y todos los implicados quienes respondan con su propio patrimonio.

“Luego exigimos también que se comenzara la investigación de forma inmediata. El tema era que el fiscal Eduardo Taiano estaba ausente, en un congreso en Italia, pero había un fiscal que lo reemplazaba, y podía hacerse cargo, pero nada de esto ocurrió”, lamentó el economista. “Les están dando tiempo de que muevan el dinero. El fiscal apareció unos días después, no hizo nada de lo que se le pidió, solicitó algunos informes, pero no tomó el conjunto de delitos que habíamos tipificado”, cuestionó.