La decisión del Ejecutivo nacional de restringir las partidas que envía a las provincias para las cajas jubilatorias generó nuevos roces entre la administración de Javier Milei y los gobernadores.

En la semana que termina, el Gobierno había publicado un decreto (280/24), que cortó las transferencias que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) realizaba a las provincias, y que iban las cajas destinadas al pago de jubilaciones en 13 distritos del país.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a desmentir el sábado tales recortes, y dijo que el Ejecutivo enviaba esos fondos, pero a través de otras partidas.

La Oficina del Presidente publicó un comunicado en ese sentido y aclaró que, "una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo a través de la Anses, el Estado nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación".

"El sistema previsional argentino exige de forma urgente una reforma integral que le otorgue sustentabilidad y previsibilidad. El Presidente espera que este tema pueda ser tratado de cara al Pacto de Mayo a celebrarse el 25 de mayo en Córdoba", remarcó el texto.

Francos defendió la postura gubernamental, al sostener que "las partidas dinerarias que estaban en el Presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están con diferencias de nominación, pero los montos se encuentran previstos".

"La Nación les debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema y hay algunos amparos previstos, pero lo que no está definido es el monto a transferir. Pero quedémonos tranquilos con esto", aseguró el ministro.

La polémica ocurre entre el Gobierno y 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación y que dependen del envío de fondos para afrontar sus obligaciones con el sector pasivo. Son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Distinto punto de vista expresó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, del PRO, quien dijo, incluso, que la restricción de partidas para pagarles a jubilados puede llegar a los Tribunales.

"En cuanto a la caja previsional, creo que será judicializado. Hay una ley que obliga al gobierno a hacer esas transferencias. En Chubut tuvimos que intervenirla y pudimos armonizarla e hicimos un reclamo de deuda al Estado nacional, que se tiene que cumplir", dijo Torres, que calificó la decisión del Ejecutivo como "otra medida inconsulta que terminará dándoles la razón a las provincias".

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Archivo).

Torres agregó que "hay una ley que, en todo caso, debería derogarse, que obliga al Estado nacional a cubrir ese dinero. Es dinero de los jubilados, no es para rentas o el Tesoro de las provincias".

El mandatario patagónico opinó también que esta medida "no ayuda" en la discusión que el Ejecutivo nacional mantiene con los gobernadores sobre los respaldos que necesita el gobierno en el Congreso.

"Esta medida no ayuda, sobre todo en las formas. Hay sobrada jurisprudencia que avala lo que estoy diciendo. Va a terminar siendo una derrota para el gobierno nacional, que va a tener que hacerse cargo de ese dinero", concluyó Torres.