Un juez jujeño le otorgó la prisión domiciliaria a Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 por "instigación a cometer delitos" y "tumultos", en virtud de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó "medidas alternativas" a la prisión preventiva de la líder de la Tupac Amaru alojada hasta ahora en la Unidad 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy, conocida como "Penal del Alto Comedero".

El juez Gastón Mercau resolvió disponer que "la prisión preventiva dictada contra Milagro Amalia Agenla Sala se cumpla en el inmueble ubicado en Loteo Villa Parque La Ciénaga, El Carmen, provincia de Jujuy, con custodia a cargo de personal de Gendarmería Nacional, y colaboración, de ser necesario, de la policía provincial", según consta en el expediente.

La disposición del juez Mercau es en respuesta de la medida cautelar número 25/16 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó a liberar a Sala, y, eventualmente, "otorgarle la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica atento a la situación de urgencia, gravedad e irreparabilidad del daño que le estaban ocasionando en la cárcel".

"Es un acto de hostigamiento más de la justicia"

La abogada Paula Álvarez Carreras, una de las integrantes del equipo de defensores de la líder de Sala, advirtió que la vivienda donde se dispuso la detención domiciliaria de la dirigente social "no está en condiciones porque no tiene luz, no tiene agua, no tiene sanitarios", por lo que consideró que se trata de "un acto de hostigamiento más de la Justicia".

Además, Carreras sostuvo que la resolución basada en el fallo de la CIDH "se dio fuera del plazo" y "tiene otras irregularidades" como que "el domicilio en el que está disponiendo traslado para Milagro no es el domicilio real de ella".

Los abogados de Sala pidieron que se trasladara a Sala a su domicilio real en San Salvador de Jujuy. "Estaban registrados dos domicilios, el real y el de (la localidad de) El Carmen, que es el que se dispuso realmente, pero nosotros informamos que no estaba en condiciones. Nosotros pedimos que se la trasladara al domicilio real, donde vivía con su marido, que es el domicilio del barrio de San Salvador. El juez resolvió lo contrario", reprochó.

La abogada también cuestionó que en el fallo "además se impusieron condiciones a la detención domiciliaria que tienen que ver con la custodia por parte de Gendarmería, cuando esto está prohibido por la Ley de Ejecución Penal".

Asimismo, "se le impone una restricción de no recibir más de siete visitas en su domicilio, las cuales deben ser informadas a los jueces que dispusieron la prisión preventiva, situación que no existe en ningún instrumento legal y no sabemos de dónde surge".

"Ninguna persona que está con esa modalidad de condena, incluso los detenidos por delito de lesa humanidad, tienen esas condiciones", criticó la abogada, quien remarcó que van a "cuestionar la resolución en las condiciones en las que se impuso".