La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nacion reiteró un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la ex dirigente social líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, termine de cumplir su condena en la cárcel. 

Desde el 2017, Sala se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria a raíz de una disposición del tribunal internacional, luego de haber sido condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas cuando lideraba la agrupación Tupac Amaru. 

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El Gobierno, en un comunicado, volvió a pedir que la ex dirigente social "termine de cumplir su condena tras las rejas" y argumentó: "Sala violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control".

En el comunicado oficial, se sostiene que "la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales" y se califica a la medida de la CIDH, que habilitó la prisión domiciliaria, como "un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres". 

La administración libertaria, en el parte informativo, advirtió por último que "los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad; mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien". 

La ex dirigente social goza de la prisión domiciliaria pero actualmente se encuentra internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata.

Los ejes centrales de la presentación realizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos ante la CIDH

• Traslado a prisión efectiva: El pedido central es que Milagro Sala abandone el régimen de prisión domiciliaria (que mantiene desde 2017) y sea alojada en un establecimiento penitenciario para cumplir su condena "tras las rejas".

• Violación del arresto domiciliario: El Gobierno denunció que la dirigente cambió su ubicación sin previa autorización del juez, lo que activó las alarmas del sistema de monitoreo y motivó nuevas medidas de control.

• Rechazo al argumento de "hostigamiento": El Ejecutivo sostiene que las quejas de Sala sobre supuestas persecuciones son un intento de "fabricar un relato" para mantener privilegios y evitar el traslado a una cárcel común.

• Fin de los privilegios: Se argumenta que la medida de la CIDH que le otorgó la domiciliaria es hoy un "claro beneficio" para una persona condenada con sentencia firme por delitos como asociación ilícita, fraude y extorsión.

• Función de los Derechos Humanos: El documento oficial subraya que los derechos humanos deben proteger a los ciudadanos y no ser utilizados para "blindar" a condenados por corrupción o garantizar su impunidad.