El Gobierno nacional formalizó este jueves un pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Milagro Sala sea retirada de su régimen de prisión domiciliaria y trasladada a un penal convencional.

El objetivo de la gestión actual es que la ex líder de la organización Tupac Amaru cumpla su sentencia firme por delitos de corrupción en un establecimiento carcelario común.

Asimismo, la solicitud se fundamenta en presuntos incumplimientos de las condiciones de detención que Sala mantiene desde 2017.

Según el comunicado oficial de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la condenada habría modificado su ubicación sin la debida autorización judicial, lo que provocó la activación de los sistemas de monitoreo y control.

Desde el Ejecutivo rechazaron los planteos de la defensa que califican estas medidas como "hostigamiento".

Por el contrario, sostienen que se intenta invertir la carga de los hechos para mantener un beneficio que consideran injustificado.

En ese sentido, el documento oficial afirma que los derechos humanos deben proteger a las personas y no funcionar como un "blindaje" para garantizar la impunidad de quienes poseen condenas firmes.

El reclamo ratifica la postura del presidente de la Nación, Javier Milei sobre la eliminación de privilegios para personas sentenciadas por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.

Por úlitmo, para el área de Derechos Humanos, mantener a Sala en su domicilio constituye un beneficio que no corresponde a la gravedad de los delitos cometidos contra el Estado.