Crítica tanto del kirchnerismo -especialmente en lo referido a la corrupción- como del gobierno de Mauricio Macri, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) tiene una silla clave en el Consejo de la Magisratura, el órgano que define el futuro de los jueces federales. 

La legisladora -ex mano derecha de Sergio Massa- es la encargada de definir cada vez que el oficialismo (que reúne a seis de los trece integrantes de dicho cuerpo) y la oposición (que agrupa a otros seis representantes) difieren en un tema. 

El que se debate sobre el traslado de jueces durante el gobierno de Mauricio Macri es uno de ellos. 

La designación de jueces debe realizarse en el Senado de la Nación, con el respaldo de la comisión de Acuerdos. Dado que no tuvo jamás mayoría en ese espacio, el por encontes presidente aceptó la idea que le llevaron colaboradores: en vez de nombrar jueces, ocupar esos puestos con traslados, algo para lo que no necesitaba aval legislativo. 

Durante su mandato, hizo esa "trampa" en 38 oportunidades. Algunos de esos magistrados intervinieron en causas que investigaban presuntos hechos de corrupción del kirchnerismo.

De ahí que al enterarse que el Frente de Todos buscaba dar marcha atrás con esas designaciones, desde Juntos por el Cambio denunciaron un "embate contra la justicia independiente que está llevando adelante el oficialismo. Quieren controlar a la justicia independiente y ser cómplice con los funcionarios k procesados”, en los términos del diputado macrista Pablo Tonelli. 

El Frente de Todos, en cambio, subrayó que las causas contra Cristina Kirchner no involucran a esos jueces. Sí a otros ex funcionarios, pero no a la vicepresidenta. En la oposicion saben además que algunos de esos juzgados ya manejan causas contra el macrismo. Si los actuales encargados de llevarlas adelante son removidos, el Frente de Todos deberá ser quien proponga a sus reemplazos. 

Según explicaron sus voceros, Camaño entiende que hubo irregularidades en muchos de los casos que plantea el oficialismo en el informe en el que denunció que los traslados no cumplieron con los mecanimos legales.

En primer lugar, porque los pliegos no pasaron por el Senado. Además, se tendría que haber realizado un concurso para el cargo y no se hizo. Al no hacerlo se obtura la posibilidad de que otros magistrados puedan competir por ese lugar y se termina eligiendo a dedo a un juez que ocupa el cargo. Además, hubo traslados que se habilitaron sin que el magistrado tenga cuatro años de antigüedad en el cargo, uno de los requisitos.