La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, dejando sin efecto el procesamiento y el embargo que pesaban sobre él. 

La resolución, firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, surge tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado las medidas previas por irregularidades en la acusación fiscal.

Esta decisión implica que, por el momento, no hay elementos suficientes para procesar al exmandatario, pero tampoco para desvincularlo definitivamente del expediente.

El alcance del fallo y la postura de los jueces

El magistrado Roberto Boico aclaró que, si bien acata lo resuelto por el tribunal superior, mantiene sus reservas sobre el fondo de la cuestión.

"Mantendré conceptualmente la postura asumida al confirmar el procesamiento del Dr. Alberto Fernández", sostuvo el juez, aunque finalmente votó para que el caso quede bajo el régimen de falta de mérito. 

Por su parte, Martín Irurzun señaló que correspondía "revocar el fallo que procesó y embargó a Alberto Fernández", remitiendo las actuaciones al juez de primera instancia.

El tercer integrante de la sala, Eduardo Farah, adhirió a la falta de mérito y propuso extender este criterio a otros imputados. 

Según su visión, la nueva situación procesal de Alberto Fernández impacta de forma directa en toda la estructura de responsabilidades delineada en la investigación sobre la denominada "Intermediación Martínez Sosa".

La investigación sobre el esquema de seguros

La causa central, que ahora deberá ser definida por el juez Ariel Lijo, analiza presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante la gestión del Frente de Todos. 

El foco de la Justicia está puesto en el rol del broker Héctor Martínez Sosa, quien habría actuado como intermediario entre diversos organismos públicos y Nación Seguros.

Los investigadores buscan determinar si existió un direccionamiento de contratos y un sistema de comisiones indebidas a partir del decreto presidencial que centralizó dichas operaciones. 

Con esta nueva resolución, el juzgado de instrucción deberá volver a expedirse sobre el mérito de la prueba recolectada para decidir el futuro judicial de todos los involucrados.