La investigación por los contratos irregulares de seguros durante la presidencia de Alberto Fernádez sumó un capítulo determinante. El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Daniel Rodríguez, quien fuera el intendente de la Quinta de Olivos y un hombre de extrema confianza del expresidente. 

El magistrado lo consideró partícipe secundario de negociaciones incompatibles y autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al detectar que su rol fue clave para facilitar los negocios del broker Héctor Martínez Sosa dentro de la residencia presidencial.

Rodríguez antes de llegar a Olivos, ya trabajaba para Fernández y sus honorarios eran costeados por el propio Martínez Sosa. Según la resolución, el exintendente de la quinta colaboró para que el broker mantuviera encuentros con el entonces Presidente, incluso permitiendo ingresos que no quedaban asentados en los registros oficiales.

Casanello también procesó a una serie de empresas bajo la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las firmas señaladas son Héctor Martínez Sosa y Cía SA, Bachellier SA, Bri Broker SA, TG Broker SA, San Ignacio SA, San Germán Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. 

El juez explicó que estas compañías mantuvieron una "organización defectuosa" que, en lugar de prevenir riesgos, aceptó y facilitó delitos para obtener beneficios económicos del Estado.

En el fallo se hizo una distinción especial con San Cristóbal. Si bien el magistrado reconoció que la firma tenía normas éticas previas, consideró que falló en su implementación. Aunque esto no la exime de responsabilidad penal, el juez admitió que sus esfuerzos por mejorar las políticas de integridad podrían derivar en un castigo menor en caso de una condena futura. El resto de las sociedades, en cambio, mostraron una ausencia total de mecanismos preventivos.

"Plan de expansión"

Según Casanello, Fernández se involucró en el "plan de expansión de los negocios" del grupo de Martínez Sosa con el Estado. Durante los cuatro años de gobierno, las comisiones de Martínez Sosa alcanzaron los 2252 millones de pesos. Esta cifra representó casi el 60% del total de las comisiones pagadas por Nación Seguros, dejando muy atrás a otros competidores, como el broker Torres García, que apenas llegó al 17%.

Para la Justicia, de los negocios que multiplicó Martínez Sosa también era parte su mujer, María Cantero, a quien el expresidente nombró su secretaria privada cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.  

La estructura de los beneficios se distribuía en empresas satélites. Una de las más comprometidas es Bachellier SA, vinculada directamente al grupo de Martínez Sosa. Esta firma concentró contratos clave con fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura y la PSA. El peso de las pruebas llevó al magistrado a dictar embargos millonarios sobre todas las personas jurídicas involucradas en la maniobra.

El embargo más impactante recayó sobre Bachellier SA, por una suma  de 9.669.697.257,25 pesos. Estas medidas cautelares buscan resguardar el patrimonio ante un eventual perjuicio al Estado Nacional. Para la Justicia, el direccionamiento de los contratos no fue una casualidad, sino el resultado de un interés directo del exjefe de Estado para favorecer a su círculo íntimo.

La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento del expresidente el año pasado por negociaciones incompatibles, delito que prevé penas de hasta seis años de prisión. La figura castiga al funcionario que se interesa en un contrato o negocio para beneficiar a un tercero.