El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes un nuevo protocolo destinado a la detección temprana de situaciones de trata de personas en todos los aeropuertos de la Argentina. 

La medida, que entra en vigencia de forma inmediata, busca actualizar los mecanismos de control frente a las nuevas modalidades del delito complejo y las redes de crimen organizado transnacional.

La normativa quedó oficializada a través de la Resolución 468/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. 

El texto establece pautas de actuación obligatorias que reemplazan de manera definitiva al marco regulatorio que se encontraba vigente desde el año 2018.

A partir de esta disposición, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se consolida como la autoridad superior responsable de aplicar los procedimientos operativos para confirmar o descartar hipótesis de este delito federal.

El rol clave de las terminales aéreas en la movilidad humana

Los fundamentos del dictamen técnico señalan que las organizaciones criminales transformaron sus dinámicas y escalas en los últimos años.

En ese contexto, el ámbito aeroportuario se convirtió en un espacio neurálgico tanto para la movilidad legal como para la transnacionalización de los delitos contra la libertad y la dignidad.

Frente a este escenario de alta complejidad, el Estado consideró indispensable fortalecer las herramientas de fiscalización en las fronteras aéreas para el rescate de las víctimas.

Para garantizar la eficiencia de las nuevas directivas, la ministra instruyó al Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a designar oficiales referentes especializados, quienes coordinarán el despliegue en cada terminal del país.

Confidencialidad y reserva de las acciones operativas

Una de las características principales del nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas es que su contenido exhaustivo tendrá un carácter estrictamente reservado.

Las autoridades explicaron que la decisión de mantener el documento bajo confidencialidad responde a criterios de seguridad pública, ya que la difusión de las técnicas de control podría alertar a las redes delictivas.

De esta manera, se busca proteger la eficacia de las investigaciones judiciales en curso y resguardar de forma prioritaria la integridad física de las personas rescatadas en los operativos aeroportuarios.