El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 ordenó el procesamiento con prisión preventiva para tres personas acusadas de ejercer explotación laboral sobre un hombre de 84 años en el barrio porteño de Mataderos. 

Así lo determinó la Justicia tras considerarse acreditado el sometimiento al que expusieron a la víctima dentro de un inmueble de la zona. 

La medida fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien constató que el damnificado desempeñaba tareas en condiciones extremas vulnerabilidad, falta de higiene y precariedad habitacional.

Según la información difundida por el portal Fiscales, los imputados forzaban al adulto mayor a mendigar en la vía pública todos los días.

El juez federal Julián Ercolini determinó que la conducta de los procesados -una pareja integrada por un hombre de 65 años y una mujer de 63, junto a un tercer involucrado de 65 años- encuadra en el delito de trata de personas. 

Asimismo, el magistrado aplicó agravantes previstos por ley debido al abuso de la situación de vulnerabilidad, la edad de la víctima superior a los 70 años, la coautoría de tres personas y la consumación efectiva de la explotación. 

Como parte de las medidas cautelares, el tribunal ordenó un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los tres implicados. 

Además, se decretó el embargo preventivo sobre la titularidad del inmueble donde residían tanto los acusados como el afectado, con el objeto de garantizar eventuales indemnizaciones y costos procesales.

El período en que la víctima vivió en la propiedad abarcó entre el 17 de marzo y el 18 de mayo de 2026. Durante ese lapso, los procesados lo habrían sometido en forma sistemática a carencias económicas y se aprovecharon de la fragilidad física del anciano para su beneficio.

La investigación se sustentó en los testimonios de los vecinos del barrio, quienes aportaron los primeros indicios sobre o que ocurría en el domicilio. 

En paralelo, el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina realizó tareas de vigilancia encubierta e inspecciones en el espacio público para registrar el modus operandi de los explotadores.

El expediente penal cuenta además con videos incorporados por las fuerzas de seguridad, en los cuales se documenta las condiciones físicas y de higiene en las que el hombre de 84 años era enviado a pedir dinero en la calle. 

También se incluyó en la causa las conclusiones remitidas por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Entre las irregularidades detectadas, los peritos comprobaron que el jubilado carecía por completo de acceso o conocimiento respecto a los haberes previsionales que legalmente percibía. 

A sy vez, se pudo determinar que los imputados se encargaban de cobrar la totalidad de la jubilación sin informar al hombre. Ercolini argumentó que este bloqueo económico constituyó un indicador explícito y concreto de dominación sobre la vida del damnificado. 

La resolución detalla que el control ejercido por el grupo no solo anuló la capacidad de autonomía de la víctima, sino que se extendió sobre sus aspectos personales y de atención sanitaria básica.