El Gobierno oficializó este lunes la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino y definió nuevas fuentes de financiamiento para modernizar las Fuerzas Armadas. La medida, publicada en el DNU 314/2026, apunta a fortalecer las capacidades operativas, actualizar equipamiento y desarrollar infraestructura estratégica en el sistema de defensa.

El decreto estableció nuevos mecanismos de financiamiento y redistribución de ingresos estatales para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del plan. En esa línea, combina fondos provenientes de la administración de bienes del Estado y de procesos de privatización.

De acuerdo con la medida, el 10% de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa. En caso de que los bienes involucrados estuvieran previamente asignados a la cartera que encabeza el teniente general Carlos Presti, ese número se elevará al 70 % de los ingresos obtenidos.

Asimismo, el DNU fijó que el 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones de empresas con participación estatal (las incluidas en la Ley 27.742) también irá redirigido al Ministerio de Defensa.

Los recursos previstos en esta medida del Ejecutivo, según se aclaró, serán complementarios al Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado como instrumento de financiamiento plurianual. Esta nueva fuente de ingresos estará orientada a cubrir necesidades más inmediatas y acelerar los procesos de modernización.

"El escenario internacional contemporáneo, en el que existen múltiples conflictos geopolíticos latentes, presenta nuevas modalidades de amenazas, incluyendo acciones asimétricas, ciberataques, sabotajes a infraestructura crítica e incursiones irregulares en el espacio aéreo y exige un proceso continuo de modernización del equipamiento y de las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas", señaló uno de los considerandos de las medida.

Y agregó: "El ciberespacio se ha constituido en un ámbito estratégico de creciente relevancia para la Defensa Nacional, en el cual se desarrollan acciones que pueden afectar infraestructuras críticas, sistemas de comunicaciones, redes de comando y control y activos de valor estratégico, resultando imprescindible la incorporación y actualización de equipamiento, tecnologías y capacidades específicas que permitan prevenir, detectar, mitigar y responder eficazmente a ataques y operaciones que puedan comprometer la seguridad nacional".

El DNU justificó las nuevas fuentes de financiamiento de las Fuerzas Armadas, al marcar que "la estructura presupuestaria vigente ha generado que la mayor parte de los recursos sean absorbidos por gastos de personal y funcionamiento, limitando severamente la inversión, lo que deja un escaso margen para sostener la operación y al mismo tiempo reforzar y mejorar capacidades militares concretas de la Defensa Nacional".

Como parte del plan, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con los requerimientos de carácter urgente en materia de equipamiento, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa.